El Instituto Nacional Electoral (INE) analiza establecer distintas restricciones para las personas que capacitarán a quienes, a su vez, fungirán como funcionarios de casilla –o centros de votación– en la elección judicial.

En principio se buscará ratificar la condición de que estos capacitadores electorales y supervisores, conocidos como Caes, no sean servidores públicos, según dijeron fuentes consultadas, quienes avanzan en los preparativos de esta contienda pese a los amagos de un juez de Colima quien no sólo multó a los 11 consejeros supuestamente por desacatar los amparos concedidos contra la reforma judicial, sino que ha comunicado esta situación al Servicio de Administración Tributaria y a la Fiscalía General de la República.

Por ahora, aunque los consejeros están a la expectativa del presupuesto que aprobarán los diputados para estos comicios, respecto de una petición de 13 mil 205 millones, hoy sesiona de nueva cuenta la comisión temporal del proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial.

Mucho de lo que se avance dependerá de la respuesta de los diputados, porque a menor presupuesto se optará por centros de votación en lugar de las 172 mil casillas correspondientes al tamaño del padrón.

Igualmente, la sesión servirá para perfilar la convocatoria a quienes deseen participar como observadores electorales, tanto del proceso federal como los locales, quienes podrán mandar sus solicitudes de diciembre a mayo. Asimismo, los criterios para la invitación a visitantes extranjeros.

Otro de los puntos que abordará la comisión temporal es la reinstalación de 43 oficinas municipales, distribuidas en 17 estados y 32 distritos electorales federales, así como la confirmación de siete oficinas ubicadas en Durango y Veracruz, entidades en las que también el 1º de junio habrá elecciones, en ambos casos, municipales.

Así, este miércoles sesiona la comisión y un día después consejeros se reunirán con integrantes de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.