El Congreso de la Unión formuló ayer la declaratoria de Constitucionalidad de la reforma al artículo 19 de la Carta Magna, por el que se amplía el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa, después de que 20 legislaturas locales la avalaron.

Primero en el Senado y luego en la Cámara de Diputados se validó esa reforma constitucional y se remitió al Diario Oficial de la Federación, a fin de que se publique y entre en vigor.

La modificación es para que la extorsión, la producción y comercialización de fentanilo y otras drogas sintéticas, así como el contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales, se consideren delitos graves que ameritan prisión preventiva oficiosa.

Las legislaturas locales sesionaron con prontitud, ya que esa reforma fue aprobada en el Senado cerca de la medianoche del miércoles pasado y a partir del jueves los congresos estatales sesionaron de forma acelerada, y desde el sábado se reunió la mitad más uno requerida, que fueron 17. Un día antes, el lunes, se sumaron otros tres, hasta totalizar los 20 con que ayer se declaró concluído el proceso del Constituyente Permanente.

Se trata de los congresos locales de Ciudad de México, Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Los últimos tres fueron los de Baja California, Campeche y Yucatán.

En el dictamen de esa reforma se resalta que es necesario que en delitos como la extorsión o la producción de fentanilo, que dañan la economía y la salud de los mexicanos, no queden impunes a través de la práctica conocida como puerta giratoria, en que los delincuentes pueden llevar su juicio en libertad y escapan a la justicia, lo que se frenará al aplicarles la prisión preventiva.

Y lo mismo ocurre, se recalca, con quienes fabrican y utilizan facturas y otros comprobantes fiscales falsos.