Setenta organizaciones de México y otros países, entre ellas el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, expresaron su preocupación por el nombramiento de Jorge Luis Llaven Abarca como fiscal general de Chiapas, pues consideraron que agrava la situación de los derechos humanos en la entidad.

En un comunicado conjunto afirmaron que durante su desem-peño en el servicio público, Llaven Abarca ha demostrado ser perjudicial, sobre todo cuando fue secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana durante el gobierno de Manuel Velasco Coello, entre 2012 y 2018, periodo que se caracterizó por el uso excesivo de la fuerza pública, represión a defensores de derechos humanos, detenciones arbitrarias y torturas, hechos que permanecen en la impunidad.

Agregaron que no tomó las medidas necesarias para prevenir la violencia contra las mujeres, resultando en un aumento de feminicidios, a pesar de la alerta por violencia de género en Chiapas.

Recordaron que Llaven Abarca ha tenido varios cargos muy cuestionables en cada una de sus gestiones, tanto en su paso como delegado en Chiapas de la Procuraduría General de la República y como titular de la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas. Ha sido agente del Ministerio Público, fiscal del Ministerio Público especializado, encargado de la Unidad de Investigación del Delito de Homicidio y jefe de la Unidad Especializada contra el Delito de Secuestro.

Lo señalan por torturas

Aseguraron que Llaven fue señalado en casos de detenciones arbitrarias, amenazas, tortura y otras violaciones a derechos humanos, incluyendo la detención de integrantes de La Otra Campaña de San Sebastián Bachajón, así como la muerte bajo tortura de Luis Ignacio Lara Vidal, en 2005, entre otros casos.

Expusieron que su nombramiento coloca a un fiscal comprometido con los grupos de poder político y fáctico en Chiapas, y es una clara señal de que el nuevo gobierno no sólo apuesta por la corrupción y la impunidad, sino también por prácticas de represión y violaciones a derechos.

En este contexto, Jorge Luis Llaven reconoció que se incrementaron en Chiapas delitos como homicidio y extorsión, que el gobernador electo Eduardo Ramírez Aguilar –quien asumirá el cargo el próximo 8 de diciembre– pretende combatir con inteligencia para recobrar la confianza ciudadana y devolver la tranquilidad al estado.