El costo para las mujeres por estar en cargos públicos de primer nivel y de decisión es la violencia en sus diferentes tipos: física, sicológica e incluso digital, entre otras, advirtió la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Soto.

La Sala Superior ha resuelto de noviembre de 2016 a la fecha 3 mil 642 sentencias relacionadas con violencia política contra las mujeres en razón de género.

Si bien desde 2019 la Constitución ordena paridad en todo, persisten resistencias; en la elección de este año, 40 por ciento de las impugnaciones fueron interpuestas por mujeres, y dos comicios locales fueron anulados en un contexto de agresiones de género.

La magistrada dijo que si bien la justicia electoral en México se ha empoderado favorablemente con la perspectiva de género, y el 2 de junio pasado se rompió el techo de cristal (con el triunfo de la primera Presidenta de la República), siguen las desventajas para candidatas, representantes y funcionarias.

Durante el Congreso Internacional de Derechos Humanos, Género y Enfoque Diferencial, señaló que a 71 años del reconocimiento de la plena ciudadanía, y con ello del derecho al voto de las féminas, México ha avanzado. Hoy la paridad no es una opción, sino un mandato constitucional, mencionó.

Explicó que “a golpe de sentencias “se ha materializado la paridad y las sanciones a la violencia política. De los poco más de 3 mil asuntos resueltos en los ocho años recientes por el TEPJF –en esta materia– 2 mil 684 tienen que ver con paridad.

Hasta ahora México tiene 66 jurisprudencias sobre violencia política y 22 sobre paridad.

En el caso de los órganos de impartición de justicia no es una ocurrencia juzgar con perspectiva de género, no es darles oportunidad a las mujeres sino actuar en favor de ellas, agregó.