ué rápido se ha olvidado el caos –por no decir desmadre– intersexenal que imperaba en el aparato de gobierno en cada cambio de administración durante, cuando menos, el primer semestre de una presidencia entrante; los movimientos masivos de personal; los virajes radicales y hasta disparatados de políticas públicas –siempre, claro, dentro del canon cleptocrático neoliberal–; las montañas de dinero tiradas a la basura por la no conclusión de obras y proyectos y la sensación de zozobra que se contagiaba de las filas de los empleados públicos a sus familias y de allí, a sus entornos sociales. Vista en esa perspectiva, la transición entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el de Claudia Sheinbaum ha resultado una de las más tersas y ordenadas de la historia.
Pero el cambio explícito entre dos etapas del mismo proceso transformador –por eso el actual mandato se ha dado a sí mismo el nombre de segundo piso– conlleva, a fin de cuentas, un relevo presidencial y los ajustes son inevitables. No se trata únicamente de un cambio de personalidades y estilos en la figura presidencial y las de su equipo, sino de una actualización del proyecto de gobierno, necesaria por la simple razón de que el país y el mundo no son los mismos que los de 2018.
Hay cosas que en aquel año no parecían posibles o, cuando menos, no parecían resultar urgentes, como la sanitización del Poder Judicial, y que a lo largo del sexenio lopezobradorista se revelaron como indispensables para quitar un grave lastre a la transformación, el combate a la corrupción y la lucha contra la frivolidad y el dispendio en el sector público. Pero ya el año pasado resultaba evidente que el cártel de la toga haría todo lo que estuviera a su alcance para preservar privilegios y corruptelas, y en este 2024, con la obtención de mayorías legislativas calificadas en los comicios del 2 de junio, se dieron las condiciones necesarias para emprender esa tarea.
Otro tanto ocurrió con los organismos autónomos, bastiones del régimen oligárquico que si sirvieron de contrapeso fue sólo al esfuerzo por dejar atrás el viejo orden.
Más allá de eso, es claro que las prioridades tácticas en el sexenio de AMLO no necesariamente fueron las mismas que las que se ha fijado el gobierno de Sheinbaum, por más que ambas administraciones compartan objetivos estratégicos.
Por ello los movimientos, los ajustes y los cambios efectuados en estos casi dos meses de la nueva presidencia resultan necesarios. En ese marco tiene lugar, por ejemplo, la suspensión temporal de contrataciones y convenios por parte de Pemex, lo que ha llevado a un retraso en los pagos a proveedores y a las consiguientes protestas que algunas empresas y sus trabajadores han realizado esta semana en Tabasco. Y en diversos ámbitos del gobierno federal se han producido entre empleados temporales, de confianza y por honorarios, despidos y reubicaciones que causan incertidumbre a muchas personas; cómo no, si la pérdida del empleo es una de las circunstancias más estresantes, seguida por el cambio brusco de las condiciones laborales. Es lamentable, desde luego –y cabe esperar que muy pronto cambie para bien el panorama de los afectados–, pero se trata de un fenómeno consustancial a todo cambio de gobierno, tanto en México como en cualquier otro país.
En contrapartida, en esta segunda etapa de la 4T se consolidan los programas sociales y se extienden a nuevos segmentos de la población, se opera la mejoría de los servicios públicos en general, hay mejores condiciones para enfrentar la violencia delictiva, se continúa la obra de infraestructura –como las líneas de ferrocarril de pasajeros que irán desde la capital hasta Nogales y Nuevo Laredo, que conectarán más de una docena de ciudades y cuya planificación se anunció ayer– y se impulsa un ciclo de crecimiento económico que habrá de traducirse, a fin de cuentas, en la generación de empleos.
El sexenio apenas está empezando y falta mucho por ver. En lo inmediato, la Presidenta de México se ve bien en el cargo y lo desempeña mejor, como lo demuestra la forma serena, pero firme, con la que ha venido manejando los aspavientos trumpianos. No menos importante, en cosa de dos meses ha probado que una presidenta con principios puede hacer más por el país que una docena de presidentes prianistas juntos, y eso es un aporte fundamental al avance de la revolución de las conciencias, que es la tarea de más largo aliento de la 4T.
Con todo y sus ajustes que no llegan ni de lejos a turbulencia, esta transición ha resultado mucho más fluida y armónica que las que solía haber en el viejo régimen y parece ser que está por concluir. Cuando el gobierno cumpla sus primeros 100 días habrá oportunidad para un nuevo examen.
