Caracas. La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó ayer la Ley Libertador Simón Bolívar, que impone de 25 a 30 años de cárcel a quien respalde las sanciones internacionales contra la nación bolivariana y establece inhabilitaciones para ejercer cargos públicos por hasta 60 años a políticos que apoyen las mismas.

La legislación condena con idénticas penas a quien promueva, instigue, solicite, invoque, favorezca, facilite, respalde, financie o participe en acciones armadas o de fuerza contra el país caribeño; además, se estipularon multas equivalentes a entre 100 mil y un millón de dólares.

A su vez, fija las mismas penalizaciones económicas para medios de comunicación que divulguen propaganda en favor de sanciones provenientes del extranjero o mensajes que las respalden, y, como consecuencia, pueden ser acreedores a la revocatoria de la concesión para operar (televisoras y emisoras de radio); de igual manera se aplicará a mensajes en prensa escrita y redes sociales.

Los acusados de impulsar acciones extranjeras en contra del país, agregó la disposición legal, serán juzgados en ausencia en caso de negarse a acudir a las audiencias. Si se tratara de extranjeros, éstos serían objeto de expulsiones del país, además de la confiscación de sus bienes en el territorio venezolano.

Entre otras medidas, se aplicará la ley de extinción de dominio para combatir delitos como la corrupción, el terrorismo y el tráfico ilícito de sustancias sicotrópicas y estupefacientes, entre otros.

Respuesta a EU

La Ley Libertador Simón Bolívar surge en respuesta a la HR 825, denominada ley Bolívar, que se aprobó el pasado 20 de noviembre en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la cual amplía el alcance de las sanciones contra Caracas, además de que endurece la prohibición de operaciones comerciales entre ambos gobiernos.

Desde el palacio federal legislativo, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, indicó que la normativa será remitida a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para el debido pronunciamiento que valide su constitucionalidad.