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Historias del Poder Judicial
Sin pruebas, suma 13 años en prisión señalado por la masacre de San Fernando

Iba a Estados Unidos a trabajar cuando fue aprehendido por elementos del Ejército Mexicano

 
Periódico La Jornada
Domingo 24 de noviembre de 2024, p. 10

Cuando Júpiter Almer Cano Guerra salió de su natal Cuauhtémoc, Chihuahua, rumbo al sueño americano, nunca imaginó que su vida daría un giro de 360 grados en su última parada en San Fernando, Tamaulipas, donde lo detuvieron elementos del Ejército Mexicano, mientras esperaba el autobús hacia la frontera con Estados Unidos.

Eran las doce del mediodía del 31 de marzo de 2011 y Júpiter ya tenía su boleto para ir a trabajar de albañil en Forth Worth, Texas, donde lo esperaba su primo, cuando aparecieron soldados y sin mediar palabra prácticamente lo secuestraron: me detuvieron con violencia, me subieron a una camioneta y me taparon la cara con mi propia camiseta y me esposaron. Luego me llevaron al monte y me estuvieron torturando hasta las 10 de la noche, dice en entrevista desde el Centro Federal de Readaptación Social 12, de Guanajuato.

Añade: Me golpearon en costillas, rodillas, tobillos, tenía múltiples fracturas cuando me llevaron ante unas autoridades donde me obligaron a firmar una supuesta confesión que ni me permitieron leer.

Han pasado 13 años desde aquel día aciago y las secuelas de la tortura siguen afectando su vida en prisión: Tengo todos los huesos lesionados; una costilla nunca se me compuso, ni los tobillos porque se subían. Cuando me taparon la cara con mi camiseta me pusieron una granada de gas lacrimógeno que ocasionó que perdiera la vista de mi ojo derecho. Con unas pinzas perras me apretaban los dedos de las manos, las uñas y los pezones. Nomás el rostro no me lo tocaron, para que no saliera en la foto que estaba torturado, pero del cuello para abajo iba lleno de moretones y fracturas. A nadie le importó, ni al Ministerio Público, ni al juez.

Ya tenemos la dirección de tu familia en Chihuahua, si no firmas esta declaración, tus papás son los que van a pagar las consecuencias, le decía un militar.

Estuvo 80 días arraigado en la Ciudad de México. Después lo enviaron al Centro Federal de Readaptación Social 5, Oriente, en el municipio de Villa Aldama, Veracruz, donde estuvo seis meses y luego lo trasladaron al Cefereso 3 de Matamoros, Tamaulipas. Al cerrarlo, el 5 de noviembre de 2015, lo trasladaron al Cefereso 12 de Guanajuato.

Cargos falsos

Júpiter se enteró después de mucho tiempo de qué lo acusaban. El abogado de oficio que le asignaron en Matamoros, Francisco Kuri Godínez, del juzgado segundo de distrito de procesos penales federales, del Décimo Noveno Circuito de Tamaulipas, le recomendó que se declarara culpable, aún sin tener ninguna información.

Los militares lo pusieron a disposición de las autoridades el 2 de abril de 2011 y le abrieron la carpeta 56/2011, mesa 7, por los delitos de privación ilegal de la libertad, delincuencia organizada, posesión de armas y delitos contra la salud, relacionadas con las masacres de San Fernando.

De acuerdo con la tarjeta informativa publicada el 3 de abril de 2011, por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, a Júpiter junto con otra decena de detenidos entre hombres y mujeres, los relacionaban con el hallazgo de cadáveres en las fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas.

Menciona Júpiter que fue relacionado con gente que ni siquiera conocía, en particular, policías municipales de San Fernando que, según las autoridades, participaron en el secuestro y asesinato de migrantes centroamericanos con actividades que iban “desde cubrir labores de halconeos, intervención de personas y omisión en su deber en la observancia de delitos cometidos por miembros de la organización criminal Los Zetas.

La masacre de San Fernando, Tamaulipas, ocurrió seis meses antes, entre el 22 y 23 de agosto de 2010 en el ejido de El Huizachal donde fueron ejecutadas 72 personas, la mayoría migrantes de Centro y Sudamérica; 58 hombres y 14 mujeres.

Rodrigo Cano, hermano de Júpiter, dice en entrevista con La Jornada, que en agosto de 2010 ambos vivían en Chihuahua: Es imposible que mi hermano haya participado en esa masacre de San Fernando porque él estaba en Chihuahua viviendo. Yo soy testigo. Ni los tiempos coinciden. Le fabrica-ron los delitos.

Otra carpeta

Para sorpresa de Júpiter, dos años después de ser detenido arbitrariamente e imputado sin pruebas, ni testimonios, dice que la entonces procuraduría le fabricó otra carpeta, la 18/2013 donde le acusan de 122 homicidios de migrantes localizados en tres fosas clandestinas, en lo que se conoce como la segunda masacre de San Fernando, Tamaulipas, ocurrida entre abril y mayo de 2011. (https://www.jornada.com.mx/2011/04/17/politica/006n1pol)

En abril de 2022, el juez segundo de distrito en Tamaulipas José Guerrero Durán, sentenció a Júpiter a 34 años de prisión: Soy inocente. Me culpan de delitos que no hice, yo tengo mi conciencia tranquila, nunca he cometido ningún crimen, son falsas esas acusaciones.

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▲ Rodrigo Cano Guerra, su hermano, pide justicia pues reclama la inocencia de Júpiter.Foto La Jornada

Hace tres meses, el pasado 21 de agosto, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que condenó a 50 años de cárcel a once Zetas por la masacre de 122 personas en San Fernando donde secuestraban autobuses plagiando a los migrantes y asesinándolos.

La sentencia condenatoria fue emitida por el juzgado segundo de distrito de procesos penales federales de Matamoros, en contra de Salvador Alfonso Martínez Escobedo, alias La Ardilla, ex jefe de plaza de Los Zetas en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. Y contra Martín Estrada Luna, alias El Kilo, jefe de plaza de Los Zetas en San Fernando.

También sentenciaron a otras 11 personas: Luis Manuel Salazar Sánchez, Gordo Flow; Sergio Córdova Martínez, El Diablo; Samuel Moreno Saavedra, El Chiquilín; Erick Rubén Zetina Hernández, El Guacho; José Mauro Oñate Rodríguez, El Vegueta; Jhonny Torres Andrade, El Sombra; Juan Pablo Cabrera Escalante, El Cacharpas; Víctor Cuitláhuac Montoya Torres, Comandante Degollado, y Élfego Cruz Martínez.

Mi hermano no conoce a esas personas, dice Rodrigo Cano: Él se fue de Chihuahua a Estados Unidos en marzo de 2011 y de repente a los quince días nos dijeron que estaba detenido. Le achacaban todo tipo de delitos. Los verdaderos delincuentes quieren un culpable. Es muy grande el crimen que hicieron y es obvio que buscaron un chivo expiatorio para acallar a la gente, no sé si existan más personas como mi hermano inocente acusadas de esos crímenes.

Protocolo de Estambul

El juez Guerrero Durán, sentenció además de Júpiter, a 17 personas acusadas de delincuencia organizada, secuestro, delitos contra la salud, portación de armas de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército.

Uno de los sentenciados fue Juan Pablo Cabrera Escalante, El Comandante Cacharpa condenado a 58 años de prisión y 13 mil 650 días de multa, quien supuestamente era el líder. Según el boletín oficial, los sentenciados fueron detenidos por la Marina, en marzo, abril, mayo, junio y noviembre de 2011, mientras Júpiter fue detenido por el Ejército un mes antes.

Todo es una vil mentira. Yo ni conozco a esa gente, jamás los he visto. Me sentenciaron sin pruebas, sin testigos, sin nada. Fabricaron la carpeta mientras yo estaba preso. Ya pasaron 13 años y mis procesos siguen igual. Primero me acusaron de acopio de armas, pero como vieron que no era creíble, se fue a la apelación y de ahí me modificaron el delito a una arma de fuego, una R15, y me modificaron nuevamente los delitos.

El abogado de oficio, Moisés Páez Altamirano, apeló la sentencia: Pero ya hace años que ninguno de los dos abogados se comunican conmigo. Solicité medida cautelar y me pidieron los nombres de los ministerios públicos, pero yo no lo sé, por eso me rechazaron, me hubieran concedido la libertad.

Explica que debido a las torturas que sufrió y las secuelas que aún padece, le practicaron el Protocolo de Estambul, pero que fue la misma autoridad la que lo mantiene en prisión y obviamente, salió negativo.

Júpiter se queja de las condiciones de la cárcel donde no le permiten que use los zapatos especiales que le recomendó el traumatólogo, ni los lentes que necesita: me quitaron los lentes especiales, ni mostrándole las incapacidades, me los dejaron. También me quitaron mis tenis especiales. Me traen en huaraches. Están abusando de mis necesidades, menciona.

Júpiter sólo puede hablar por el teléfono público de la prisión durante 15 minutos a la semana. Su hermano Rodrigo y su hijo Adrián Alexis de 18 años lo han visitado solamente una vez en estos 13 años, por falta de recursos, mientras sus padres María Natividad y Leopoldo, murieron deseando volver a verlo: Mi pobre madre se quedó con ganas de volverlo a ver, murió hace tres años. Y a los nueve días murió mi papá. Nunca pudimos ir por falta de dinero. Los jueces saben que los pobres no tienen cómo defenderse, es demasiado injusto.

Añadió que: Los gobiernos anteriores que teníamos llevaban años encerrando pura gente inocente. Y los que de verdad roban y matan, andan libres, paseándose. Nunca les aplican la ley.

Rodrigo está a favor de la reforma judicial: “El Poder Judicial que tenemos es una basura. No sé como pueden dormir los ministerios públicos y jueces encarcelando gente inocente. A narcos que agarran y saben que son matones y venden droga los sueltan porque tienen dinero y pagan. A los que tienen encerrados son a los pobres que no tienen con qué defenderse, no tienen para pagar un abogado privado, por eso pido justicia para mi hermano inocente”.