Claudia Arlett Espino, propuesta por la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, para ocupar la Secretaría Ejecutiva del órgano, señaló que los expedientes abiertos por presuntas irregularidades administrativas en su paso por el Instituto Electoral de Chihuahua son una persecución política promovida por quienes la sucedieron.

El 23 de septiembre pasado, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de aquella entidad confirmó la suspensión por 90 días de Espino, actual directora jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública por irregularidades en compras por más de 70 mil pesos.

–¿Firmó las compras que menciona el Tribunal Administrativo?

–Se firma todo, por la representación jurídica que tiene la presidencia, y no quiere decir que sean compras indebidas de los administradores.

–¿Y la compra de una vela aromática en 719.60 pesos?, se le preguntó.

–No tengo detalles de que se haya comprado con esa bolsa, ¿me explico?, para eventos o para lo que tuvieran que hacer; no sé si a lo mejor era una vela de las que se ponen para los mosquitos. No tengo detalle porque no es una compra que yo hiciera.

Por lo pronto, la abogada viajó a la Ciudad de México para entrevistarse con Taddei, a quien dijo no conocer personalmente, así como por otros consejeros, quienes el martes señalarán si admiten la propuesta.

La definición para elegir a quien ocupe el mando administrativo y jurídico del INE, en pleno arranque de la organización de la elección judicial, deberá ser casi inmediata, pues la encargada de la Secretaría Ejecutiva deja el cargo el viernes próximo.

Ante la información publicada por este diario, respecto a la postulación y las investigaciones administrativas abiertas, señaló en entrevista que se trata de un tema político, al tiempo de agregar que no hay sentencias firmes; mostró una constancia de la Secretaría de la Función Pública del 11 de noviembre, respecto a que en esa fecha no estaba inhabilitada por la dependencia.

Agregó que sus alumnos son sus abogados para atender estos asuntos en los que hay cosas absurdas desde el punto de vista personal y jurídico, como la compra de unas toallas sanitarias que estaban en un botiquín, que evidentemente no las compro yo; hay gente que se dedica a hacer ese tipo de cosas, pero yo era la presidenta y la carga del instituto está en el reflector, en la presidencia de la institución, pero no era algo que yo comprara. Las tenían en ese lugar, las compraron, y no sé si alguno de los procesos no fue cumplido, como lo señalan. En esa misma bolsa hablan de platos; teníamos una cocina, no lo dudo que los hayan comprado, pero ya pasó de la normalidad (de la queja) a una serie de persecuciones. No me mal vibro, entiendo que hay muchos intereses políticos (en el consejo).