El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Volker Türk, expresó ayer su preocupación por la propuesta de reforma constitucional que amplía el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa (PPO), por lo que llamó a detener esta iniciativa y garantizar que la legislación del país esté plenamente acorde con sus obligaciones internacionales en materia derechos humanos.

La prisión preventiva automática contraviene principios esenciales de derechos humanos, aseguró y enfatizó que esta figura no debe ser una práctica general, sino una medida basada en una decisión individualizada por parte de una autoridad judicial de que las circunstancias de cada caso justifican dicha detención.

La reforma, aprobada el 13 de noviembre por la Cámara de Diputados, y que actualmente está siendo analizada por el Senado, agrega delitos como la extorsión, el contrabando y ciertos tipos penales relacionados con drogas a la lista de cargos en los que se aplicaría la PPO.

Desde Ginebra, Suiza, Türk señaló que México enfrenta diversos desafíos en materia de seguridad y acceso a la justicia, pero ampliar el uso de dicha medida no es la respuesta.

En su lugar, sostuvo, es importante enfocarse en fortalecer la capacidad de las fiscalías para reunir evidencias y demostrar la necesidad y proporcionalidad de la prisión preventiva ante una autoridad judicial caso por caso, considerando alternativas a la privación de la libertad.

En un comunicado, la ONU-DH recordó que en 2023 la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció que la PPO es contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y ordenó a México adaptar su sistema legal.

Türk reconoció que si bien hay recientes reformas constitucionales que apuntan a fortalecer los derechos de las mujeres, la igualdad de género y los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, otras modificaciones generan serias preocupaciones en materia de derechos humanos.

Mencionó también la reforma judicial aprobada en septiembre que incluye entre otros aspectos, la elección popular de las personas juzgadoras. En conjunto, estas disposiciones corren el riesgo de socavar la independencia del Poder Judicial y su capacidad para defender el Estado de derecho, aseveró.