El 5 de marzo de 2025, México presentará a la Corte Suprema de Estados Unidos sus argumentos para que continúe la demanda que interpuso contra los fabricantes de armas estadunidenses, ya que están pidiendo que se deseche.

El máximo tribunal estadunidense dio a conocer ayer que en esa fecha se realizará una audiencia luego de que en abril Smith & Wesson, Beretta, Colt, Glock, Century Arms, Ruger y Barrett pidieron a la Corte Suprema que intervenga y desestime la demanda que el gobierno mexicano interpuso en su contra en 2021, y con la cual les reclama 10 mil millones de dólares pues los acusa de incurrir en prácticas negligentes que facilitan que el armamento cruce de manera ilícita la frontera y llegue al crimen organizado.

En aquel año, el gobierno del ex presidente Andrés Manuel López Obrador abrió un litigio contra las empresas ante una corte federal en Massachusetts. El caso fue desestimado en 2022 por un juez que argumentó que los fabricantes estaban protegidos ante las reclamaciones de México por la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas, que los exime de responsabilidad por el uso que los delincuentes hagan de sus productos.

En enero pasado, un tribunal de apelación revocó el fallo y dio entrada a la demanda mexicana.

Ante esta última decisión los productores de armas pidieron la intervención de la Corte Suprema.

En este nuevo juicio, los fabricantes son los demandantes y solicitan que la Corte Suprema resuelva si la producción y venta de armas de fuego en Estados Unidos es la causa de los daños supuestamente sufridos por el gobierno de México por la violencia cometida por las organizaciones criminales.

Han pedido que el máximo tribunal decida si la producción y venta de armas puede considerarse como ayudar e instigar a traficantes porque las empresas demandadas supuestamente saben que algunos de sus productos han sido traficados ilícitamente.

El gobierno de López Obrador argumentó que cada año ingresan ilegalmente a México más de 200 mil armas fabricadas en Estados Unidos y que las empresas productoras saben de ello y de los daños que causan en el país.

La Secretaría de Relaciones Exteriores tiene una segunda demanda abierta ante la Corte de Distrito para el distrito de Arizona contra vendedores de armas de fuego en Estados Unidos, a los que acusa de tener prácticas comerciales que facilitan el tráfico de sus productos a territorio nacional.