El mercado de remates hipotecarios está en auge en México, pero con él también han crecido los fraudes, pues se estima que 30 por ciento de los inversionistas caen en estafas.

De acuerdo con Blun.M2, firma que ayuda a las personas a multiplicar su patrimonio mediante inversiones en remates hipotecarios, este mercado se ha posicionado como alternativa para quienes buscan maximizar la rentabilidad de su capital con un riesgo controlado. No obstante, debido a la falta de regulación y transparencia en algunos procesos, con frecuencia los inversionistas se exponen al fraude.

La táctica es simple: los estafadores promocionan propiedades a precios reducidos, supuestamente derivadas de embargos o juicios hipotecarios, y los compradores, atraídos por la promesa de un valor inferior al de mercado, entregan adelantos significativos de dinero para asegurar la compra. Posteriormente descubren que tanto la propiedad como la empresa son ficticias y que su inversión ha desaparecido.

Para prevenir ser timados, es necesario verificar la legitimidad del bien raíz, así como de las empresas involucradas, además de entender las etapas jurídicas en los remates. Aunque ser abogado es una ventaja de conocimiento técnico, lo cierto es que cualquier inversionista puede minimizar riesgos acompañado de un equipo de expertos que brinde respaldo en la operación, sostiene Mike Ramírez, fundador de Blun.M2.

Recomendó que la ejecución procesal es el punto de partida en cualquier inversión en remate inmobiliario, ya que establece la legitimidad de la venta. Un remate de este tipo se realiza, generalmente, resultado de un embargo judicial o de un proceso de ejecución hipotecaria y, en México, el marco normativo establece que es responsabilidad de la autoridad judicial o de una empresa financiera ordenar la subasta.

Para reducir riesgos, consideró Ramírez, es indispensable confirmar en qué fase del proceso está el inmueble, si cuenta con una orden de remate, si está sujeto a litigios adicionales o acciones legales por parte del deudor o de terceros.

Añadió que la auditoría documental es fundamental para asegurar la transparencia y legalidad de la adquisición del bien raíz. Este proceso implica una revisión exhaustiva del expediente, como el título de propiedad y cualquier posible gravamen o adeudo fiscal.

Consultar directamente con el Registro Público de la Propiedad permite verificar la legitimidad de la información.

A fin de asegurar la evaluación, es recomendable que un especialista en derecho inmobiliario supervise la auditoría y confirme que el bien no tiene problemas estructurales o jurídicos que obstaculicen la transferencia de propiedad.

Los remates suelen demandar pagos al contado y depósitos previos para garantizar la participación en el proceso de subasta. El inversionista debe estudiar a detalle la estructura financiera y la modalidad de pago exigida por la entidad subastadora. La transacción debe ser formalizada en canales seguros, como bancos o instrumentos notariales que respalden la operación, evitando cualquier desembolso en efectivo que no esté debidamente documentado o garantizado.