La reforma judicial provocó una lluvia de impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que va en aumento, pues hasta ayer sumaban al menos 41 recursos promovidos por actores judiciales y políticos en contra de los cambios a la Constitución federal –incluida la enmienda de supremacía constitucional– y a leyes que norman las futuras elecciones de jueces, magistrados y ministros.

De acuerdo con una lista del alto tribunal, de la cual obtuvo copia La Jornada, se registran nueve acciones de inconstitucionalidad, ocho controversias de constitucionalidad y 24 recursos de reclamación, consultas a trámite y expedientes derivados de solicitudes de atracción. Ningún recurso ha sido aprobado a favor de los promotores y la mayoría fueron desechados o están pendientes.

Este fin de semana, la ministra Norma Lucía Piña Hernández turnó a diferentes ministros cuatro nuevas acciones de inconstitucionalidad relacionadas con la enmienda judicial.

Se trata de tres de Movimiento Ciudadano (MC): una contra el decreto del 14 de octubre pasado que reformó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), turnada al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo; la segunda, contra el decreto del 15 de octubre que modifica la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, turnada al ministro Alberto Pérez Dayán. Ambas, en materia de elección de personas juzgadoras.

La tercera acción de MC impugna el decreto del 31 de octubre pasado sobre la reforma a los artículos 105 y 107 constitucionales en materia de impugnabilidad de las adiciones o reformas a la Carta Magna, la que se conoce como supremacía constitución. Se envió a la ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.

La cuarta acción fue promovida por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y también fue turnada a Pardo Rebolledo, pues igual que MC impugna los últimos cambios en la Legipe.

Las otras cinco acciones de inconstitucionalidad promovidas por PAN, PRI, MC, legisladores de Zacatecas y de un partido local de Coahuila ya fueron resueltas el pasado 5 de noviembre, a través del proyecto del ministro González Alcántara, el cual se desestimó debido a no alcanzar la votación requerida de mayoría calificada.

En el caso de las ocho controversias constitucionales, el ministro González Alcántara sobreseyó y desestimó las mismas, al aplicar el criterio de supremacía constitucional. Estos recursos fueron promovidos por autoridades locales de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de los estados de Guanajuato, Chihuahua, Michoacán y Jalisco.

Sin embargo, hay recursos pendientes de resolución, como las consultas a trámite que promovieron jueces y magistrados del país, que están en manos de las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf.

Hay otros recursos que piden a la Corte conocer y dirimir cualquier controversia entre las distintas instancias judiciales, como el promovido por la Jufed (Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación) y un grupo de juzgadores con el fin de aclarar qué órgano tiene la competencia para revisar las suspensiones contra la reforma judicial que han dictado desde juzgados y tribunales. Este asunto fue turnado al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.