De 142 organizaciones que se registraron para hacer trabajo de observación electoral en la contienda del 2 de junio pasado, 45 recibieron apoyo financiero con recursos públicos, del Instituto Nacional Electoral (INE).

Por diversos motivos, 32 grupos fueron acreedores a sanciones, principalmente por no presentar informes de gasto o hacerlo de manera parcial y/o por la entrega de documentos sin respaldo fiscal.

En elecciones anteriores, el Organo Interno de Control del INE advirtió sobre la laxitud con la que se fiscalizaba a los observadores que recibían dinero del erario, entre los que se encuentran asociaciones civiles e instituciones académicas.

Con un esquema fortalecido de vigilancia, según el propio instituto, se informó de las multas, aunque estas nunca son mayores a 200 UMAS, es decir, máximo 21 mil 714 pesos. El argumento es que el INE no puede afectar la viabilidad de las asociaciones.

Este es uno de los conceptos de gasto del INE relacionados con los comicios, bajo conceptos relacionados con el apoyo para el desarrollo democrático.

El jueves, en sesión de consejo general, la consejera Carla Humprhey presentó el reporte de ingreso y gasto de las organizaciones de observadores durante el pasado proceso electoral.

Destacó que se dará vista a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público porque ocho asociaciones omitieron presentar la información relacionada con el pago de impuestos, y una más gastó más del financiamiento que recibió, entre otras particularidades.

El universo de revisión corresponde a 142 organizaciones de las cuales 45 proyectos recibieron apoyos financieros. Las multas no resultan gravosas con respecto al financiamiento que recibieron estas organizaciones, mencionó.

Destacó que 87 presentaron su informe, mientras 53 fueron omisas, a quienes se les requirió que lo presentaran o bien un reporte de ‘gastos sin reportar’. No obstante, tales organizaciones fueron contumaces, violando con ello los principios rectores en la materia.

De las que sí presentaron su informe, 15 no tuvieron observaciones, mientras que 127 tienen conclusiones sancionatorias de distinta magnitud.

En la lista de organizaciones hay grupos defensores de derechos humanos y proyectos de universidades e instituciones de educación superior, por mencionar algunas de la variopinta lista.