Guadalajara, Jal., La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) emitió dos recomendaciones: una por 35 quejas relacionadas con la desaparición de igual número de personas en las que se demostró la negligencia y falta de acción de las autoridades para con las víctimas directas e indirectas; y la otra, por actos de tortura contra cuatro personas detenidas por policías municipales de Juanacatlán.

El pronunciamiento 35/2024 fue sobre las 35 querellas por desaparición, en el cual se documenta la deficiente actuación de las autoridades en el proceso de investigación del delito; la nula o poca acción de búsqueda efectiva de los 35 civiles, además de la victimización secundaria para sus familiares.

Las ausencias se documentaron entre 2015 y 2023: una correspondió a una mujer y 34 a hombres; seis personas fueron localizadas sin vida y del resto se ignora su paradero.

Entre los funcionarios negligentes, la CEDHJ cita a agentes del Ministerio Público, policías investigadores de la fiscalía del estado, personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas Jalisco y de la Comisión de Búsqueda de Personas estatal, que no cumplieron con los principios, procedimientos y protocolos que dictan los estándares legales y que tienen la obligación de ser garantizados.

La otra recomendación es la 36/24 y es contra cuatro uniformados de Juanacatlán, además de la síndica y el juez municipal, quienes cometieron violaciones a los derechos humanos el 7 de agosto de 2023, cuando cuatro personas a bordo de una camioneta tuvieron un percance vial con un agente que iba en motocicleta.

Después fueron interceptados por efectivos, quienes los obligaron a descender del vehículo con violencia y uso excesivo de la fuerza, comprobándose actos de tortura con partes médicos, testimonios recabados y dictámenes sicológicos contenidos en la carpeta de investigación de la fiscalía estatal.

Tras su arresto fueron puestos a disposición del juzgador, pero no se les informó sobre su situación jurídica ni la razón de su arresto, salvo a uno de los denunciantes, pero para que hablara con sus familiares, pedir dinero y reparar el daño al motociclista, con una cantidad que, se demostró, fue determinada por el libre albedrío de la síndica y el juez, quienes firmaron un acta señalando que fue pérdida total.