El juzgado segundo de distrito con sede en Colima informó que emitió un segundo apercibimiento a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) para que suspendan el proceso para votar por jueces y magistrados en junio de 2025, y en caso de que no acaten la medida, además de exigir a cada uno el pago de una multa de 54 mil pesos, se dará vista al Ministerio Público Federal para que inicie una carpeta de investigación y se les sancione por desacato a una determinación judicial.

Lo anterior fue dado a conocer por el titular del juzgado segundo de distrito con sede en Colima, Francisco Javier García Contreras, en la llamada conferencia de los jueces.

Informó que una asociación civil, que tiene la defensa de derechos humanos como objeto social, promovió un juicio de amparo en el que reclamó desde un inicio el proceso legislativo para lo que yo llamo dizque reforma judicial, y se concedió la suspensión para que no continuaran con esos trabajos las autoridades demandadas, entre ellas la Presidencia de la República, la Cámara de Diputados y el Senado, lo cual lamentablemente ocurrió, y esta asociación civil volvió a ampliar la demanda e introdujo como autoridad demandada al INE.

Explicó que en esa ampliación se volvió a solicitar una suspensión, la cual se concedió “simple y sencillamente para que detuviera absolutamente todo lo relativo a la elección, y con todo me refiero a cuestiones, elementos financieros, o si se tratara de cuestiones humanas, logísticas, etcétera.

En su momento se le requirió para que informara qué actos estaba realizando para cumplir con esa suspensión. En un primer momento, el INE me respondió que no sabía qué hacer y le dejé claro que debía cumplir con la suspensión. Lo requerí y lo apercibí con multas de poquito más de 54 mil pesos para cada uno de los consejeros del INE, quienes me contestaron en un oficio del 30 que no iban a acatar la suspensión.

El impartidor de justicia dijo que volvió a exigir a los consejeros del INE que detuvieran los trabajos preparatorios para la elección de jueces y magistrados y les impondría una nueva multa por 54 mil pesos, aunado a que daré vista en su momento al agente del Ministerio Público, porque se consuma un delito que está previsto en la Ley de Amparo.