En la próxima revisión del T-MEC, en 2026, los gobiernos integrantes del acuerdo comercial deben profundizar el intercambio de información de las empresas que utilizan mano de obra forzada, ya que en México únicamente existe una solicitud a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para restringir la importación de mercancías fabricadas mediante la explotación laboral, señalaron organizaciones integrantes de la Coalición contra el Trabajo Forzoso en el Comercio (CAFLT, por sus siglas en inglés).

Se trata de una investigación sobre la importación de cámaras de videovigilancia fabricadas por las firmas chinas Dahua y Hikvision, que fueron adquiridas en 2022 por el gobierno municipal de Ciudad Juárez con fines de seguridad pública, y previamente por otros gobiernos, indicaron. Las empresas, agregaron, tienen vínculos con Xinjiang, una provincia señalada internacionalmente por ser cuna de violaciones a derechos humanos.

En conferencia de prensa, Guillermo Torres, integrante de ProDESC, enfatizó la necesidad de coordinar esfuerzos regionales entre México, Estados Unidos y Canadá para combatir eficazmente el trabajo forzoso en las cadenas de suministro.

De lo contrario, nuestro país podría convertirse en la vía para la introducción de mercancía que está siendo prohibida en Estados Unidos, pero en México no, porque no tiene identificado un producto fabricado con trabajo forzoso, advirtió.

Mencionó que en México la responsable de dar cumplimiento a este compromiso es la STPS y, desde mayo de 2023, entró en vigor un acuerdo que establece las pautas para que personas físicas o morales puedan solicitarle investigar y prohibir estas importaciones.

Por ello, planteó que tienen que fortalecerse las capacidades de la dependencia y poner en marcha indagatorias de oficio para detectar compañías que incumplan el acuerdo comercial. Asimismo, frente a esta problemática, la CAFLT demandó endurecer las medidas contra el trabajo forzado y para ello plantearon cinco recomendaciones en la próximo revisión del T-MEC.