Chilpancingo, Gro., Unos 3 mil integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), demandaron ser reconocidos como un ente jurídico propio, durante una marcha ayer en la Autopista del Sol y un mitin en el Congreso del estado.

Martín Rosales, consejero de la Casa de Justicia de Espino Blanco, explicó que la demanda central es que en la homologación de la reforma judicial federal en Guerrero, los diputados hagan una propuesta para que la CRAC-PC cuente con una jurisdicción propia y se reconozca su sistema de justicia comunitaria y no como auxiliares de los ministerios públicos, como se pretende.

Desde mediodía, los grupos de las casas de justicia de la CRAC-PC de San Luis Acatlán, Espino Blanco, municipio de Malinaltepec, Caxitepec, en Acatepec, Zitlaltepec, en Metlatónoc, y El Paraíso, de Ayutla de los Libres, partieron en marcha de sur a norte en la autopista México-Acapulco rumbo al Congreso local.

Las escopetas no se guardan

Entre sus consignas advirtieron que no vamos a guardar las escopetas porque nos sentimos abandonados en términos de seguridad.

Los policías comunitarios arribaron al edificio legislativo donde realizaron una concentración, con la participación de los coordinadores de las casas de justicia, quienes denunciaron el abandono en que se encuentran los pueblos de la Montaña de Guerrero.

Al mitin llegó el subsecretario de Gobierno estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, quien junto con una comisión de diputados locales instalaron una mesa de diálogo con el fin de analizar la propuesta de reforma a la Ley 701 sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.

Más tarde se informó que sostendrán una reunión el próximo 15 de enero con la presencia de los responsables del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y de la Comisión de Derechos Humanos estatal para analizar los planteamientos de la CRAC-PC.

Los coordinadores presentaron algunas propuestas, como el respeto a la propiedad ancestral de los pueblos originarios, la representación política de estas comunidades para participar de manera directa y no mediante partidos, así como el reconocimiento constitucional de la policía comunitaria, entre otras.