La Fiscalía General de la República (FGR) busca que el dueño de la empresa Oceanografía, Amado Omar Yáñez Osuna, se someta a un juicio abreviado o criterio de oportunidad. Está acusado de reportar ingresos menores a los obtenidos en la declaración anual de 2012, estimándose una evasión fiscal de 117 millones 744 mil 669 pesos.

El empresario, quien sigue el proceso en libertad, promovió un juicio de amparo en agosto pasado en contra de la FGR donde reclamó el planteamiento del Ministerio Publico Federal para solicitar el procedimiento abreviado de fecha 2 de agosto de 2024, dentro de la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDM/756/2016, para dar por terminado de forma anticipada el proceso relativo a la causa 484/2019 del índice del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, así como la integración o consignación de la averiguación previa.

La sentencia dictada en un procedimiento abreviado es una salida en la que el procesado admite su culpabilidad para no ser sometido a juicio y obtener a cambio una sentencia reducida, reparación del daño o el pago de una indemnización, entre otras soluciones, mediante un acuerdo entre las partes.

En 2020, la FGR imputó a Amado Omar Yáñez Osuna por el delito de defraudación fiscal equiparada, al considerar la autoridad ministerial que durante el ejercicio 2012 obtuvo ingresos acumulables por 394 millones 239 mil 209 pesos; sin embargo, en la declaración de ese año, presentada electrónicamente el 30 de abril de 2013, reportó ingresos acumulables por 68 millones 125 mil 928 pesos, es decir, declaró ingresos menores a los realmente obtenidos, causando al fisco un perjuicio de 117 millones 744 mil 669 pesos.

En marzo pasado, un tribunal federal rechazó amparar a Yáñez, quien buscaba que fuera sobreseída la causa penal que enfrenta por defraudación fiscal equiparada por 117 millones 744 mil 660 pesos.

En ese entonces, el sexto tribunal colegiado en materia penal en la Ciudad de México revocó por unanimidad la sentencia que amparó en primera instancia al empresario.

En la resolución dictada por el juzgado octavo de distrito en materia de amparo penal se ordenaba dejar sin efecto la determinación del 14 de febrero de 2023 emitida por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur, quien declaró infundada la solicitud de sobreseimiento de la causa penal por no estar debidamente fundada. La FGR y Hacienda impugnaron el fallo, por lo que pasó a manos del tribunal colegiado.