La reciente reforma al Poder Judicial era necesaria para recobrar la confianza ciudadana en el sistema mexicano, toda vez que en el país los jueces han faltado a su deber de impartir justicia, aseveró José Antonio Montero Solano, director de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En representación del Estado mexicano, señaló que los juzgadores han liberado a delincuentes comunes y peligrosos, a narcotraficantes; han dictado sentencias sin perspectiva de género; legalizado el despojo de tierras de pueblos indígenas y está ampliamente documentado el nepotismo de los poderes judiciales federal y de los estados.

En audiencia pública en Washing-ton, Montero defendió que la reforma judicial es un gran paso en la democratización y destacó cinco aspectos relevantes de las recientes modificaciones constitucionales en la materia: independencia judicial, gradualidad de la reforma, el respeto a los derechos de los trabajadores; los requisitos de elegibilidad y los métodos de elección de los jueces y magistrados, a través del voto popular, para los años 2025 y 2027.

Asimismo, hizo notar que la actuación de los juzgadores contra la reforma constitucional en la materia los involucra en un claro conflicto de intereses y afirmó que, a la fecha, no hay ninguna violación a los derechos humanos, hasta ahora son especulaciones.

También, por parte del Estado mexicano, Luz Elena Baños Rivas, representante permanente de México ante la OEA, coincidió en que las recientes modificaciones que avaló el Congreso respondieron a la necesidad de eficientar el sistema judicial mexicano para combatir la corrupción y el nepotismo y garantizar la transparencia y rendición de (cuentas) de los jueces en el país.

El comisionado de la CIDH, Carlos Bernal Pulido, fue uno de los más críticos contra la reforma judicial. Consideró que es un ejemplo de manual de abuso del constitucionalismo, ya que debió de recibir un análisis profundo, pero en el caso de México fue pasada en horas.

En tanto, la relatora para México, Andrea Pochak, señaló que la CIDH advirtió en los últimos años un déficit del sistema judicial, que no sólo incluye al poder en la materia, sino a las fiscalías y defensorías públicas.

Cuestionó por qué la reforma no incluyó a las fiscalías y cómo garantizará que juristas probos participen en la elección.

En la sesión –en la que estuvo el ministro de la Suprema Corte Javier Laynez–, juezas, magistradas y organizaciones como la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, entre otras, reiteraron los señalamientos de los últimos meses, respecto a que existen riesgos a la independencia judicial por la reforma que el máximo tribunal mexicano validó el 5 de noviembre pasado.

Argumentaron que los recientes cambios implican la destitución masiva de personas juzgadoras, cambio del sistema de méritos por el de elección de titulares por voto popular y una regresividad de derechos laborales.