Nueva York. El gobierno de Estados Unidos se puso del lado de Argentina al instar a una juez federal a que no obligue al país a ceder su participación de 51 por ciento en la compañía de petróleo y gas YPF para satisfacer parcialmente una sentencia judicial de 16 mil 100 millones de dólares.

En una carta enviada el miércoles por la noche a Loretta Preska en Manhattan, el Departamento de Justicia dijo que desde hace tiempo sostiene que los tribunales estadunidenses no pueden ordenar el embargo de propiedades soberanas extranjeras situadas fuera de Estados Unidos.

También afirmó que exigir a Argentina que entregue las acciones a dos inversores representados por el fondo de litigios Burford Capital violaría la inmunidad soberana, y que permitir dicha entrega podría interferir con la política exterior de Estados Unidos.

Argentina está apelando la decisión de Preska de septiembre de 2023 de conceder los 16 mil 100 millones de dólares a Petersen Energia Inversora y Eton Park Capital Management.

Burford ha dicho que esperaba recibir 35 y 73 por ciento de sus respectivas indemnizaciones.

Los abogados de Burford no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios. Robert Giuffra, abogado de Argentina, declinó hacer comentarios.

Dirigida por el presidente libertario Javier Milei, Argentina ha recortado drásticamente el gasto público para reducir la inflación, que ha caído, pero se mantiene por encima de 200 por ciento anual, aunque sus medidas han profundizado la recesión y han contribuido a que las tasas de pobreza superen 50 por ciento.

Sin embargo, los lazos de Milei con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, podrían ayudar con el programa de préstamos de Argentina con el Fondo Monetario Internacional por valor de 44 mil millones de dólares, que podría ser revisado el próximo año.

La sentencia por valor de 16 mil 100 millones de dólares se produjo a raíz de que Argentina se hizo en 2012 con 51 por ciento de YPF que poseía la española Repsol, sin licitar por las acciones en manos de los inversores minoritarios.

Burford ha dicho que muchos años de estructuración de los activos de Argentina para evitar la ejecución justificaban la entrega de la participación en YPF, y que una excepción de actividad comercial a la Ley federal de Inmunidades Soberanas Extranjeras permitía la entrega.

En la carta del miércoles, el Departamento de Justicia afirmó que el Congreso no pretendía eliminar la inmunidad de los bienes soberanos extranjeros, como las acciones de YPF. Dijo que poner fin a la inmunidad crearía una anomalía en la que la propiedad de un país extranjero dentro de Estados Unidos tendría mayor protección que la propiedad dentro del propio país.

El Departamento de Justicia también afirmó que, por razones de cortesía, es decir, el respeto que los países se conceden mutuamente limitando el alcance de sus leyes, el propio estatuto del Estado de Nueva York no exigía que Argentina renunciara a las acciones de YPF.

Una conclusión contraria podría poner en peligro la propiedad estadunidense, dijo el departamento, porque los países extranjeros podrían conceder a Estados Unidos un trato similar en sus propios tribunales.