Los datos sobre la vulnerabilidad de la infancia y adolescencia en el país, que permitirían seguir el cumplimiento de sus derechos, no están disponibles aún, nueve años después de la creación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, por falta de integración de un sistema nacional de información, reportó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El objetivo de dicho sistema es permitir al gobierno federal conocer la situación y evolución de los menores de edad, así como el monitoreo de progresos alcanzados, y debía estar integrado con la información de los órganos locales, así como del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

La Secretaría Ejecutiva respondió a la ASF que enfrentó obstáculos para contar con el sistema, principalmente la falta de recursos tecnológicos y económicos, así como la incapacidad de los entes regionales de protección para generar sus sistemas de información.

En su informe de la cuenta pública 2023, explicó que esa instancia no cumplió con aplicar políticas públicas en favor de la niñez y la adolescencia, y evidenció fallas en la coordinación del sistema de protección, por lo que no contribuyó a garantizar, proteger y promover sus derechos humanos, en detrimento de los más de 38 millones de menores de edad en México.

La auditoría explicó que aun así, la Secretaría Ejecutiva –donde confluyen dependencias federales, desde la Presidencia de la República hasta el DIF– ejerció 37 millones 452 mil 200 pesos en ese año, pero no cumplió sus metas.