Washington. El gobierno mexicano expresó ayer su preocupación por la propuesta de la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de prohibir por motivos de seguridad nacional el uso de software y hardware chinos en vehículos que circulen en ese país.

La Secretaría de Economía señaló en un documento al Departamento de Comercio que la propuesta podría tener un impacto sustancial en la industria automotriz de México, pues plantea posibles barreras comerciales, interrupciones en las cadenas de suministro, aumento de los costos de producción y un posible riesgo de reducción del empleo directo e indirecto, afirmó.

Grupos de fabricantes de automóviles y de tecnología pidieron en otro documento al gobierno de Estados Unidos cambiar la norma y posponer su entrada en vigor.

La propuesta es un endurecimiento significativo de las restricciones impuestas por Estados Unidos a los vehículos, programas informáticos y componentes chinos, y prohibiría de hecho la importación de automóviles de ese país, aunque se ensamblaran en México.

En septiembre, la administración Biden aumentó los aranceles a las importaciones chinas, incluido uno de 100 por ciento a los vehículos eléctricos, así como a las baterías de esos vehículos y minerales clave.

México dijo que esta propuesta podría violar las normas de libre comercio de América del Norte y dar lugar a un aumento de los costos de producción debido al cambio de proveedores de autopartes y componentes en la cadena de suministro.

El Departamento de Comercio no hizo comentarios de inmediato.

La propuesta haría efectivas las prohibiciones de software en los modelos 2027. El veto al hardware entraría en vigor en la próxima década o en enero de 2029.

La Alliance for Automotive Innovation, que representa a General Motors, Toyota, Volkswagen, Hyundai y otros grandes fabricantes de automóviles, pidió al menos un año más para cumplir el requisito del hardware.

La Consumer Technology Association pidió que ambos plazos se ampliaran dos años más, al igual que Honda Motor, con el fin de llevar a cabo las pruebas cruciales, las validaciones y la actualización de los contratos necesarios.

El Departamento de Comercio espera finalizar la propuesta antes del 20 de enero. Las normas cubren todos los vehículos de carretera, pero excluyen los vehículos agrícolas o mineros, así como los drones y los trenes.