En comisiones del Senado avanzaron ayer las reformas que elevan a rango constitucional el derecho a una vivienda adecuada y diversos programas sociales, al ser aprobadas por unanimidad, si bien la oposición planteó que los subsidios no se usen con fines electorales.

La primera propuesta modifica el artículo 123 de la Carta Magna y no sólo garantiza el derecho a una vivienda adecuada, sino que también convierte al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en constructor y arrendador. El documento establece que los empleados con un año de cotización puedan acceder a viviendas propiedad del Infonavit en arrendamiento social. La mensualidad no podrá exceder 30 por ciento del salario.

La segunda enmienda establece como obligación de la Federación y los estados garantizar la pensión permanente a personas con discapacidad. La propuesta que reforma los artículos 4 y 27 de la ley suprema, también fija que la edad para comenzar a recibir la pensión de adulto mayor será 65 años, la entrega de un jornal seguro a campesinos que participan en el Programa Sembrando Vida, la entrega de fertilizantes gratuitos a pequeños productores y mantener precios de garantía para maíz, frijol, arroz y trigo.

Durante el debate, el senador panista Ricardo Anaya externó la voluntad de su grupo parlamentario de votar a favor de las dos reformas, pero resaltó que se requieren recursos para fondearlas. De nada sirve establecer en la Constitución buenos deseos, si no hay recursos, subrayó al manifestar su preocupación por una eventual reducción de los dineros destinados a estos objetivos debido a la deuda del país y un menor crecimiento económico.

Javier Corral, de Morena, recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que por ahora no está contemplada una reforma fiscal y hacendaria, pero no hay que descartarla, sobre todo si se piensa en gravar la acumulación de la riqueza.

También de Morena, el senador Raúl Morón subrayó que la retórica de gobiernos anteriores planteaba avanzar a un estado de bienestar, pero se instauraron programas sociales que cumplieron otros objetivos y fueron utilizados de manera perversa y clientelar. En lugar de abatir la desigualdad, se convirtieron en una fábrica de pobres.

No obstante, la izquierda plantea una política social con una visión garantista de derechos, agregó el legislador de Michoacán.

Si bien seis años no alcanzan para lograr los fines, Morón subrayó que se obliga al Estado a responder por lo plasmado en la Constitución.

Amalia García, de Movimiento Ciudadano, refirió que la garantía de derechos significa, no un Estado que asegure recursos, programas, proyectos y, políticas públicas con una visión clientelar o filantrópica, sino que se trata de una visión de derechos de las personas.

Del partido naranja, Alejandra Barrales pidió blindar los programas sociales ante un posible uso electorero. De manera concreta, expuso que los colores de quienes operan estos proyectos son los mismos del partido en el gobierno. Sostuvo que vale la pena discutir el tema, tras recordar que MC también es gobierno en algunos estados.