La jueza Marlén Ángeles Tovar, del juzgado segundo de distrito del centro auxiliar de la quinta región, con sede en Culiacán, quien fue una de las 15 personas encapsuladas por policías capitalinos en inmediaciones al autódromo Hermanos Rodríguez, pidió a las autoridades federales que este tipo de operativos los pongan en marcha en Sinaloa, donde la violencia entre cárteles de la delincuencia organizada no cesa.

La jueza, quien participó vía remota en la llamada conferencia matutina de los jueces, presentó uno de los cinco amparos que trabajadores del PJF promovieron el domingo luego del encapsulamiento de la policía capitalina. Afirmó que ya ratificó su demanda.

Solicitó que se revise el cumplimiento de los uniformados respecto a los estándares en materia de derechos humanos y que estén capacitados, porque, declaró, no pueden estar actuando de esa manera; al contrario, en vez de estar poniendo en riesgo, la integridad, la libertad de las personas, la libertad de tránsito de manifestación, ellos tienen la obligación constitucional de brindar seguridad.

Es necesario que todas las autoridades empecemos a revisar cómo se está actuando. Necesitamos una reforma al sistema de seguridad, a las fiscalías y también a los tribunales locales, que en muchos lugares siguen siendo designados por los gobernadores en turno... ojalá que ese tipo de operativos los implemente para salvaguardar a las personas que están sufriendo día a día en Culiacán. Las personas siguen teniendo miedo de salir de sus casas. En cualquier momento puede pasar alguna circunstancia que los ponga en riesgo. Hay padres, madres que decidieron que sus hijos pierdan clases porque tienen miedo de salir a las calles, hay negocios que están quebrando por la situación de inseguridad.

Agregó que estuvieron retenidos por hora y media y no de manera momentánea, como afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su conferencia matutina de ayer, al declara que el encapsulamiento de integrantes del Poder Judicial que protestaban en inmediaciones al autódromo Hermanos Rodríguez fue sólo un momento para proteger el acceso de los asistentes al Gran Premio de México, y posteriormente se eliminó el cerco.

Minerva Herlinda Cruz Mendoza, del juzgado primero de distrito en materia administrativa, apuntó que otorgó las suspensiones provisionales para que los inconformes pudieran manifestarse. “Recibí cinco demandas en las que el acto reclamado era que se les impedía circular a algunas personas, esto es, me decían que se vulneraba su derecho de tránsito. Retuvieron a 32 personas, las encapsularon y formaron una especie de valla alrededores de ellas”.

Agregó que alrededor de las 9:30 de la mañana recibió las demandas vía electrónica y concedió la suspensión tres horas después. Ante esas circunstancias, la respuesta tiene que ser de nosotros inmediata, se pasa al secretario que tiene que presentarme el acuerdo, observo que hay una vulneración a su derecho de tránsito.