n Querétaro se encuentra en curso uno de los más graves atentados contra los derechos humanos registrados en los últimos tiempos. La fiscalía de esa entidad gobernada por el PAN pretende encarcelar por tres años a una adolescente de 14 años por haber tenido un aborto espontáneo y el Poder Judicial del estado resolvió vincularla a proceso bajo medida cautelar de prisión domiciliaria. Tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como la titular de la Secretaría de Mujeres, Citlalli Hernández, han denunciado la pretensión de encarcelar a la adolescente. La mandataria enfatizó que no se debe criminalizar, y menos a una niña de 14 años, e informó que su gobierno ya ofreció a la familia asesoría legal, así como ayuda en todo lo que requiera.

Todo en este caso es una atrocidad jurídica, ética y civilizatoria. En primera instancia, la FGE queretana y el PJ local no tienen base alguna para proceder contra Esmeralda, pues los servicios de salud dictaminaron que el feto nació muerto, por lo que la carpeta de investigación abierta por la fiscalía constituye la fabricación de un delito. Además, la ley usada para judicializarla es en sí misma ilegal: en septiembre pasado varias organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres consiguieron un amparo en el cual se declaran inconstitucionales siete artículos del Código Penal queretano que criminalizan y sancionan con cárcel la interrupción voluntaria del embarazo (de lo que se acusa falsamente a Esmeralda). El colmo de estos despropósitos radica en la exigencia de la fiscalía de que la menor de edad pague 500 mil pesos en concepto de reparación de daños al padre del producto malogrado, pese a que el embarazo fue resultado de una violación. Como habitante de una comunidad indígena y como menor de edad, Esmeralda se encuentra en una situación de vulnerabilidad que, de acuerdo con las leyes, debe propiciar una especial protección de sus derechos por parte del Estado. A contrapelo de las normas, del sentido común y de la más elemental sensibilidad, la fiscalía y el Poder Judicial de Querétaro absolvieron a su agresor y emprendieron contra ella una cacería ilegal.

Este caso ilustra de forma dramática cuánto falta todavía para barrer las estructuras patriarcales que violentan a las mujeres, propician su revictimización y amenazan todas sus libertades. Muestra también que ese machismo se encuentra enquistado en las instancias obligadas a combatirlo y a garantizar a todas las mujeres una vida libre de violencia, como las fiscalías, los tribunales y los gobiernos. Asimismo, es un llamado para rastrear y enmendar otros posibles casos de criminalización del aborto: en 2016 se estimó que había 700 mujeres a nivel nacional presas por esta causa, mientras en 2018 se encontraron 200 víctimas sólo en el estado de Guanajuato, también gobernado por el PAN. Un importante obstáculo para dar con las mujeres presas injustamente es que se les procesa por homicidio, lo cual dificulta detectar lo realmente ocurrido. Como Esmeralda, la gran mayoría de quienes pasan por este infierno padecen múltiples vulnerabilidades.

Las mujeres que habitan en México no pueden esperar más para ver erradicada la ideología machista y misógina que las oprime en sus hogares, en las escuelas, en los centros de trabajo y en un sinfín de espacios. Como indica la reacción de la presidenta Sheinbaum a los sucesos de Querétaro, este sexenio supone una oportunidad que no debe desperdiciarse para superar este atraso nocivo e intolerable.