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Propone la CDH al Congreso diseñar método de consulta para discapacitados
 
Periódico La Jornada
Martes 15 de octubre de 2024, p. 28

La Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la Ciudad de México envió una propuesta de reforma al reglamento del Congreso local con la finalidad de generar un mecanismo de consulta dirigido a personas con discapacidad, al considerar a este sector de la población con el derecho de ser consultado y expresar su propia opinión en las decisiones que afecten su vida y entorno.

Para eso, se propone crear un consejo consultivo integrado por personas con discapacidad que cuenten con conocimientos en materia de derechos humanos, el cual tendrá la facultad de conocer las iniciativas en esa materia y, a su vez, pueda llevar a cabo las consultas a dicho sector.

La integración del consejo estará a cargo del pleno del Congreso, cuya elección deberá ser aprobada por dos terceras partes del Legislativo.

Además, deberá emitir recomendaciones dirigidas a las comisiones para garantizar que se realicen las consultas conforme los estándares en la materia, para lo cual deberá habilitar una plataforma digital inclusiva con los estándares de accesibilidad, asegurando el derecho a la información y a la consulta virtual en condiciones de igualdad y no discriminación para las personas con discapacidad.

En materia de erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del decreto, se cubrirán de conformidad con el presupuesto autorizado para los ejecutores del gasto, en este caso el Congreso local.

No obstante, para años subsecuentes el Poder Legislativo deberá designar una partida dentro de su cuenta pública a fin de solventar las obligaciones que deriven del decreto, lo que incluye la realización de las consultas y los gastos relacionados con el consejo consultivo.

En la legislatura pasada, la CDH y agrupaciones de personas con discapacidad impugnaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una reforma destinada al sector debido a que el Congreso no realizó la consulta respectiva, lo mismo sucedió con una reforma a pueblos y barrios originarios.

En ambos casos, la Corte declaró inconstitucionales las modificaciones y obligó a los diputados consultar a ambos grupos poblacionales.