En el fraude pensionario al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), que se ha descubierto se cometió en Coahuila, donde se estima que la estafa alcanzó 3 mil millones de pesos, despachos de abogados lograron, con apoyo de trabajadores del propio instituto, reconocimientos de invalidez para personas que ya no querían laborar.

Lo anterior fue avalado por la Junta de Conciliación y Arbitraje Especial, con sede en Torreón, por lo que la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC), ha ejercitado acción penal contra litigantes que se beneficiaron con porcentajes que llegaron a 50 por ciento de las cantidades obtenidas por sus clientes.

Sólo en un caso, la fiscalía a cargo de María de la Luz Mijangos Borja actuó contra dos abogados que estafaron con 146 pensiones y causaron daño financiero superior a 45 millones de pesos, y por ello se les dictó vinculación a proceso, de acuerdo con los registros de la Fiscalía General de la República (FGR).

En días pasados, la FEMCC logró que un juez federal con sede en Torreón, Coahuila, dictara la primera vinculación a proceso de Francisco Ayala Borunda, ex presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje número 42, con sede en esa ciudad, por delitos cometidos por servidores públicos y contra la administración de la justicia, por haber participado en la red de corrupción, que estima que en esa instancia se resolvieron alrededor de 3 mil casos ilegales en los que se aumentó la pensión otorgada a empleados del estado o se benefició a personas que no tenían ninguna lesión que les impidiera laborar.

En coordinación con el Issste, la FEMCC ha logrado frenar cheques por mil 100 millones de pesos que estaban por ser entregados como parte de actos ilegales en materia de pensiones.

Asimismo, la fiscalía prepara más acciones legales contra abogados patronos, es decir, los que asesoraron a jubilados para que demandaran al Issste el pago ilegal de dos rubros: compensación garantizada e indemnización global.

Por lo que hace al primero, que de acuerdo con lo establecido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) constituye una remuneración complementaria del sueldo base que se asigna a los puestos en función del nivel salarial, este concepto no se considera para el cálculo y pago de las cuotas y aportaciones de seguridad social ni para la prima vacacional.

En el caso del segundo, el Issste la entrega a aquellos trabajadores de los tres órdenes de gobierno que han sido dados de alta y tienen convenios con el instituto y no reúnen los requisitos para una pensión por edad y tiempo de servicios, invalidez o cesantía en edad avanzada y pueden demandarla dentro de los cinco años posteriores de su baja.

En estos casos, la FGR detectó que además de la obtención de sumas elevadas por el rubro de compensación garantizada, la red de corrupción también implantó la obtención de certificaciones ilegales de invalidez a personas en buenas condiciones de salud y tramitaron ilícitamente los pagos de indemnización global, indicaron funcionarios federales.

En diciembre de 2023, el Ministerio Público Federal obtuvo vinculación a proceso contra los abogados Elida N y Denis N, por el delito de fraude.

Ambos fueron denunciados por el apoderado legal de MetLife, ya que en calidad de apoderadas presentaron 65 escritos de demanda ante la Junta de Conciliación y Arbitraje Especial con sede en Torreón, donde solicitaban el reconocimiento de declaración de invalidez mediante el formato RT-09 en favor de 146 actores que afirmaban tener padecimientos de incapacidad para no continuar con sus actividades laborales.

Producto de lo anterior, las imputadas obtuvieron de forma ilegal ante el Issste el reconocimiento por invalidez total y permanente de los actores, reclamando como prestación la liquidación de los seguros individuales e institucionales, por lo que recibieron un pago y ocasionaron detrimento patrimonial por 45 millones 582 mil 97 pesos 34 centavos, indicó la FGR.

A pesar del delito imputado y el monto obtenido, el juez de control los vinculó a proceso, pero no decretó la prisión preventiva justificada y enfrentan su proceso penal en libertad.