Los resultados de la elección del 2 de junio aumentaron la probabilidad de que en México se realicen una serie de modificaciones legislativas, lo que ya ha dado paso a episodios de volatilidad; sin embargo, la reforma judicial podría afectar negativamente el clima de inversión en el país, alarmó Fitch Ratings, para luego matizar que, pese a una “mayor incertidumbre (…), es probable que las métricas crediticias (de las empresas) se mantengan dentro de las expectativas de calificación”.

La firma de riesgo consignó que, por lo pronto, luego del 2 de junio el peso mexicano se depreció hasta 10 por ciento frente al dólar, aunque esa variación ya se ha ido ajustando, a medida que los participantes del mercado han atenuado las preocupaciones sobre los resultados electorales. A la vez, el rendimiento del bono mexicano a 30 años aumentó de 9.82 por ciento el 31 de mayo, a 10.31 por ciento el 16 de julio, como resultado de las reservas por parte de inversionistas.

En un análisis, que en parte recuperó la argumentación con la que ratificó la calificación de la deuda mexicana en BBB-, con perspectiva estable, Fitch enfatizó que la reforma judicial, en los términos hasta ahora propuestos podría afectar negativamente el apetito de inversión y el entorno empresarial de las empresas no financieras si su puesta en marcha obstaculiza la autonomía y la calidad del sistema judicial.

Destacó que con la afectación al clima de inversión también se ponen en vilo las oportunidades que pueda dejar la relocalización de cadenas de suministro, sobre todo en sectores vinculados con la manufactura, industrias orientadas a la exportación y bienes raíces industriales.

Fitch reconoció que el sector privado está preocupado por una eventual aprobación de la reforma al Poder Judicial, sobre todo en lo que toca a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dado que podría favorecer a las empresas estatales sobre las entidades de propiedad privada.

Las decisiones de la SCJN han jugado un papel clave en la protección de las empresas, como fue el caso cuando otorgó protección contra las reformas en el sector eléctrico o emitió un amparo para evitar el pago de impuestos.