La reforma en puerta del Poder Judicial de la Federación (PJF) generó dos campañas nacionales contrapuestas que están cobrando fuerza: una encabezada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la otra desde Morena.

En las últimas semanas, la Corte, a cargo de la ministra Norma Piña Hernández, desplegó una estrategia mediática para cuestionar la iniciativa presidencial usando todas sus plataformas multimedia y foros en los que participan principalmente integrantes del PJF.

Por ejemplo, en redes sociales, hasta ayer publicaron 56 videos en sólo dos semanas repitiendo las posturas que los ministros dieron el 27 de junio pasado en el primer foro de parlamento abierto sobre la reforma en la Cámara de Diputados.

En el canal televisivo del PJF, Justicia TV, se abrieron programas como Las iniciativas de reformas constitucionales a examen y La reforma del Poder Judicial a debate. Este último se estrenó el pasado 3 de julio, donde los invitados estelares fueron el juez Juan Pablo Gómez Fierro y la jueza Juana Fuentes, directora nacional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, quienes han representado a su gremio en distintos espacios para rechazar los cambios a la Constitución que propone la iniciativa presidencial.

La otra trinchera de la Corte son los foros nacionales sobre la reforma. La Jornada adelantó el pasado 12 de julio que la presidencia de Piña planea celebrar en agosto seis conversatorios nacionales en varios estados del país sobre la propuesta exclusivamente para jueces y magistrados.

Los próximos conversatorios se suman a los 14 foros del Encuentro Nacional por una Agenda de Seguridad y Justicia celebrados entre marzo y julio. Datos de la Corte indican que de los 3 mil 500 participantes, sólo 17.7 por ciento fueron de la sociedad civil, 12.9 de la IP, 18.4 de la academia y 50.9 por ciento del sector público, una gran parte del PJF.

En defensa de la reforma, Morena fijó realizar entre julio y agosto 2 mil 400 asambleas informativas en las principales plazas públicas del país para informar a la población sobre la reforma, cuando en un principio planeaba realizar sólo 300.