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Niega el INE haber calculado el costo de la elección de jueces
 
Periódico La Jornada
Jueves 4 de julio de 2024, p. 4

El Instituto Nacional Electoral (INE) desmintió que cuente con una proyección del costo para la elección de los mil 600 ministros, magistrados y jueces, a partir de una posible reforma judicial.

Esto, luego de que el pasado martes, el senador por Morena Ricardo Monreal estimara que podría costar entre 3 mil y 3 mil 500 millones de pesos. El instituto está al tanto de los trabajos que se llevan a cabo en el Poder Legislativo y, en su caso, estará atento para hacer frente a las implicaciones de una posible reforma, aclaró en su perfil de la red social X.

De este modo, enfatizó que no ha hecho ningún análisis al respecto, como lo señaló el senador de Morena durante el tercer foro sobre la reforma al Poder Judicial, en el que indicó que junto con actuarios y personal del INE hicieron un cálculo de 3 mil a 3 mil 500 millones de pesos.

El pasado jueves, la misma consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, fue consultada al respecto y aclaró que “hay un proceso fuerte para llegar a una elección por la vía de las urnas de esas figuras del Poder Judicial, pero hay que ser prudentes y esperar.

Siempre es lo mejor, sin dejar de estar atentos para poder incluir en el presupuesto aquellas actividades que se derivarán hacia el instituto y que tendrían que ver con tareas de operativos de campo, apuntó.

Por otro lado, el investigador de la Universidad de Stanford Larry Diamond afirmó que es una muy mala idea para la separación de poderes, aunque venga por razones idealistas, pues en la mayoría de las democracias no eligen a los juzgadores.

En la conferencia magistral Retos de la democracia en tiempos de retrocesos democráticos, que ofreció en el INE, apuntó que si el Poder Judicial está sujeto a las pasiones populistas, es no entender su función en una democracia de alta calidad.

Al preguntarle sobre la reforma judicial en México, consideró que es sumamente peligrosa, porque implicaría una reducción en la capacidad del sistema de justicia para combatir el delito, porque si un juez tiene que competir, necesita dinero y probablemente lo va a conseguir con los partidos políticos o con donantes y hombres de negocios acaudalados e incluso podría recibirlo del crimen.