Quito. La disputa entre las dos máximas autoridades de Ecuador desde el inicio del gobierno, en noviembre pasado, se agudizó ayer con la vinculación de la vicepresidenta a un caso penal, en el que su hijo es el principal sospechoso. Y esto podría llevar a un juicio con el objetivo de sacarla del cargo y con eso evitar que el mandatario Daniel Noboa le encargue la presidencia cuando se presente a la relección a finales de este año.

Por una investigación de tráfico de influencias, la Fiscalía, en coordinación con la policía ecuatoriana, intervino el teléfono de la segunda mandataria, Verónica Abad, porque supuestamente ella conocía acuerdos y negocios para que un amigo de su hijo asumiera como asesor en comunicación de la vicepresidencia.

El fiscal Carlos Alarcón, con base en esas interceptaciones, presume que Abad participó de esa gestión y señala que en marzo de 2024 se formularon cargos en contra de Francisco Barreiro, hijo de la segunda mandataria. Aparentemente, el caso nació luego de que un denunciante informó sobre una reunión de él con Barreiro y Daniel R (supuesto asesor en la vicepresidencia). Ahí se habría hablado del puesto que el denunciante iba a ocupar en la vicepresidencia. Para la Fiscalía, Barreiro y Daniel R habrían solicitado a Rommel P mil 700 dólares mensuales de su salario de 3 mil 200 dólares por su puesto en el área de comunicación. Rommel P habría firmado una letra de cambio por 30 mil dólares como garantía para cumplir el acuerdo. Éste último había declarado que Abad conocía sobre su caso y como prueba de ella presentó copias de chats. Y tras eso, el agente fiscal pidió a la Unidad Nacional Técnica de Interceptaciones y Análisis de Telecomunicaciones, Departamento Operativo de Telecomunicaciones de la policía nacional en el que se menciona el número telefónico asignado a Abad.

Con esos y otros hechos, la Fiscalía consideró ayer que la vicepresidenta tendría participación en la conducta punible que se investiga y pidió que el caso pase a fuero de Corte Nacional de Justicia por cuanto la ley concede a los más altos dignatarios del Estado y a las personas elegidas por votación popular la oportunidad de que sean juzgadas por jueces de equivalente jerarquía a las de su rango.

Pero para continuar con el proceso penal en contra de la vicepresidenta se necesita primero el levantamiento de la inmunidad por la Asamblea Nacional con la votación de las dos terceras partes de sus integrantes (92 asambleístas). Y vista la correlación de fuerzas en ese espacio legislativo no habría los votos para esa decisión. Pero de ocurrir lo contrario, se levanta la inmunidad y todos los procesados pasarían a ser juzgados por la Corte Nacional de Justicia y no por la justicia ordinaria. En ese caso, dentro de los plazos regulares el juicio duraría mínimo seis meses, con lo cual Abad, sin sentencia, podría remplazar a Noboa mientras éste contiende en las elecciones.