La Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados recomendará hoy a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reforzar la cobertura de fiscalización del gasto público, en especial en siete sectores estratégicos, entre otros salud, defensa y Petróleos Mexicanos (Pemex).

En el informe de evaluación del desempeño de la ASF, que se discutirá hoy en la comisión, la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la cámara resaltó que en la cuenta pública 2022, la muestra auditada por 1.6 billones de pesos representó apenas 30.6 por ciento del gasto ejercido por 5.4 billones en siete rubros considerados áreas de riesgo.

Se trata de una cobertura baja (de fiscalización), dada la importancia que tienen estos sectores estratégicos, indicó la UEC (órgano de la cámara que supervisa a la ASF) en el documento circulado a los diputados.

La ASF señala como áreas claves las que presentan diversas deficiencias y riesgo por el carácter contingente de esos problemas, pero que aún no se materializan.

Las áreas determinadas en ese estatus por la Comisión de Vigilancia de la ASF son las secretarias de Salud, Defensa, Agricultura y Bienestar, así como Pemex, las asociaciones público privadas y el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone).

Los siete sectores determinados como áreas de riesgo por la comisión son pilares en la política económica y social del país, de ahí la relevancia que tiene la fiscalización a los recursos públicos asignados a sus unidades responsables de gasto y la importancia que tiene que su ejercicio se haga conforme a eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, agrega el documento de la UEC.

La unidad plantea que la comisión recomiende a la ASF incrementar la cobertura de fiscalización total de estos siete sectores estratégicos, con la finalidad de dar transparencia y certidumbre al ejercicio de los recursos públicos asignados.

Del informe de la revisión de la cuenta pública 2022, los auditores encontraron que los principales riesgos y fallas recurrentes en el ejercicio del gasto se explican por debilidades de la gestión pública, principalmente por dos causas: el contexto institucional y por decisiones individuales o personales de los funcionarios públicos, aspectos que –en contraste con la evaluación a la cuenta pública de 2017– se incrementaron 11.1 por ciento.