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El Estado español ya es el dueño de 10% de Telefónica
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▲ Vista de la sede de Telefónica, en Madrid. El gobierno español se convirtió en el principal accionista de la compañía luego de concretar la adquisición de 10 por ciento de las acciones.Foto Europa Press / archivo
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 21 de mayo de 2024, p. 15

Madrid. El Estado español, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), culminó la compra de 10 por ciento de las acciones de la multinacional Telefónica después de desembolsar de las arcas públicas 2 mil 284 millones de euros (42 mil millones de pesos).

Esta adquisición forma parte del plan diseñado por el gobierno del socialista Pedro Sánchez para tener presencia en empresas dominantes en sectores estratégicos de la economía española, en particular en energía, inteligencia artificial y nuevas tecnologías, entre otros sectores.

El gobierno español, formado por la coalición de izquierdas del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Sumar, ya finalizó la primera etapa de su proyecto de adquisición de capital de multinacionales estratégicas, después de haber iniciado con Telefónica y ante la preocupación que provocó que el consorcio saudí de telecomunicaciones STC comprara 9.9 por ciento de la empresa.

Por ello, el gobierno español se fijo la meta de adquirir 10 por ciento para formar parte del consejo directivo y participar en las decisiones estratégicas de la empresa. De hecho, la administración de Sánchez, a través de la SEPI, ya nombró a su consejero en la corporación, el economista Carlos Ocaña, amigo personal del mandatario y con quien escribió un libro.

La operación llevada a cabo por la SEPI implicó la adquisición de 567 millones 16 mil 155 acciones, con un precio medio de 4.0295 euros por acción.

En una nota pública, la SEPI advirtió que Telefónica es una de las principales compañías del país, líder en el sector de las telecomunicaciones, clave en otros ámbitos estratégicos y determinante por sus capacidades industriales y áreas de conocimiento, ya que desarrolla actividades relevantes para la economía y el tejido productivo, incluyendo las relacionadas con la seguridad y la defensa.

Con esta operación, el Estado español se convierte en el principal accionista de Telefónica, revirtiendo en parte el proceso de liberación de la mayor parte de las empresas públicas que se impulsó a finales del siglo pasado y principios de éste, sobre todo de la mano del gobierno del ex presidente derechista y ultraliberal José María Aznar.