os procesos electorales presentan tantas interpretaciones como partidos compiten. Quienes ganen escaños, pierdan, desaparezcan o cobren protagonismo, construirán su relato buscando justificar los resultados. Los mapas postelectorales pecan de inmediatez y se construyen sobre bases aritméticas poco fiables cuando se trata de explicar las coyunturas y formar gobierno. Las negociaciones pueden generar acuerdos, en ocasiones sorprendentes, contradiciendo declaraciones sobre alianzas imposibles y descalificaciones altisonantes.
Cada proceso electoral presenta singularidades, Catalunya no es la excepción. En su historia reciente, ha vivido un proceso político caracterizado por una montaña rusa de acontecimientos, sin los cuales no es posible entender los actuales resultados y cuyas raíces se encuentran en la negativa del Tribunal Constitucional a reconocer la condición de nación redactada en el Estatut aprobado por el pueblo catalán en 2006. El Partido Popular hizo campaña y logró el objetivo, el Tribunal Constitucional en 2010 declaró inconstitucional dicho articulado. La respuesta se tradujo en algo inesperado, el aumento de las dinámicas independentistas en Catalunya. El primer llamado de atención fue la convocatoria de los partidos nacionalistas, pidiendo la independencia, donde asistirían, según cifras, un millón de personas en Barcelona.
Desde 2010 hasta las últimas elecciones de 2024, los partidos nacionalistas han mantenido su hegemonía. El llamado Proceso de independencia marcó la hoja de ruta, cuya propuesta se hizo mayoritaria en el Parlament de Catalunya. Si 2010 marcó el comienzo, en 2017 se produjo la ruptura entre el Estado español y la Generalitat. El 1º octubre de 2017 se llevó a cabo un referéndum de autodeterminación. Su resultado, fuera o no válido apoyando la independencia, tuvo su continuidad el 27 de octubre. Ese día, el Parlament de Catalunya proclamó el advenimiento de la República Catalana. Pero si esa fue la agenda hacia la independencia, el gobierno de Mariano Rajoy y el Partido Popular reprimieron con fuerza a quienes fueron a votar el 1º de octubre. Las Cortes Generales, con los votos del Partido Popular, el PSOE, Ciudadanos, Foro Asturias, Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro, aprobaron el 27 de octubre, en respuesta a la declaración de independencia, la aplicación del artículo 155 de la Constitución, interviniendo el gobierno de la Generalitat. A continuación, fueron detenidos y encarcelados algunos de sus impulsores. Otros dirigentes prefirieron el exilio o la huida de la justicia, según las diferentes interpretaciones. Entre otros, el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y algunos de sus consejeros, acabarían radicando en Bélgica. Sentencias condenatorias, peticiones de extradición, indultos y descalificaciones se entremezclaron, así como establecer puntos de diálogo y forjar nuevos consensos.
Había una realidad abigarrada donde triunfaba un lenguaje agrio, con un Partido Popular beligerante y una ultraderecha negacionista, cuya única propuesta fue la judicial. Sólo era posible juzgar y declarar culpables a los enemigos de España, tildados de terroristas y sediciosos. Todo cambió en 2018, una moción de censura contra el gobierno de Mariano Rajoy triunfó y llevó a La Moncloa al PSOE con Pedro Sánchez al frente. Al año siguiente, en 2019, se convocó a elecciones y surgió el primer gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. El problema catalán se redefinió. La búsqueda de una salida negociada y no judicial se oteó en el horizonte. Los acuerdos parecían posibles, en medio de negociaciones que atemperaban y cambiaban la lógica de los acontecimientos. Las aguas volvían a su cauce. En 2023, hubo nuevas elecciones y el PP salió derrotado; incapaz de formar gobierno, facilitó la investidura de un segundo gobierno de coalición, en aquella ocasión con los votos de la derecha catalana, Junts per Catalunya y Ezquerra Republicana de Catalunya, a los cuales se sumaron PNV, EH Bildu, Coalición Canaria y Bloque Gallego.
La derecha se estremeció al comprobar que no podía gobernar, al menos durante otra legislatura. Su caballo de batalla sería declarar ilegítimo el gobierno y la Ley de Amnistía aprobada por el Congreso a quienes participaron en el proces.
VOX y PP han buscando declarar inconstitucional la Ley de Amnistía y movilizado a sus militantes protestando en las sedes del PSOE. Sin embargo, la sociedad catalana lo vive bajo otra óptica y los resultados electorales demuestran una realidad muy distinta a la proyectada por la derecha y la extrema derecha. En esta ocasión, la derecha nacionalista, representada en Junts per Cat y Ezquerra republicana de Cataluña, junto con la CUP, pierden la hegemonía en pro de los partidos de ámbito estatal. Más allá de soflamas y exabruptos, el triunfo del Partido Socialista de Cataluña es un punto inflexión. El tiempo futuro, más allá de la composición de un gobierno tripartita, en el corto plazo, si se produce, demostrará que Catalunya, esa república independiente, se recicla en la España de siempre. ¡Visca Catalunya!
