La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al Estado Mexicano a brindar todas las garantías necesarias de independencia y autonomía a la Comisión para la Verdad de la guerra sucia (CoVEH) para que cumpla con su mandato de memoria, verdad, justicia, reparación y no repetición de las graves violencias que se perpetraron entre 1965 y 1990, así como que la dote de recursos humanos, financieros y tecnológicos adecuados para ello.

En una revisión de los trabajos de México en la materia durante 2023, si bien valoró los esfuerzos y la voluntad del Estado para investigar lo sucedido en esos años, el organismo también lamentó que a la fecha no cuente con información sobre los resultados obtenidos por la CoVEH, creada en octubre de 2021.

Expresó su preocupación por las denuncias del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) sobre los obstáculos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para acceder a los documentos sobre las graves violaciones a derechos humanos cometidos en ese periodo.

Por ello, en su informe anual sección México, la CIDH llamó a las autoridades a garantizar la transparencia y el acceso irrestricto a los archivos militares.

Además, instó al Estado a informar sobre los resultados obtenidos por la CoVEH.

La CIDH refirió que si bien México le informó sobre las acciones que ha llevado a cabo el MEH, como la convocatoria para recopilar testimonios e información sobre la guerra sucia, los Diálogos por la Verdad realizados en diferentes regiones del país, la creación de un centro de memoria, entre otras, las organizaciones de la sociedad civil plantearon deficiencias para el efectivo funcionamiento de la CoVEH.

Problemas de presupuesto

Acusaron que, a pesar de su creación, las renuncias laborales han sido constantes y que los mecanismos de búsqueda y reparación seguirían siendo ineficientes debido a problemas de presupuesto y personal en las instituciones encargadas de estas tareas.

Es preocupante, expuso la CIDH, que el MEH haya reportado que ante los hallazgos (de archivos militares), la Sedena habría manipulado documentos, sustraído fragmentos de los legajos y alterado el orden original de los expedientes a los que previamente tuvo acceso el mecanismo.