altaba la pieza del lawfare en el armado opositor que se ha venido construyendo en busca de frenar la muy probable continuidad en el poder de la llamada Cuarta Transformación. La famosa palabra ha sido integrada a partir de los vocablos en inglés law (ley) y warfare (guerra): guerra legal; la ley como instrumento para entrampar o derrocar a un adversario.

Ejemplos de ese uso faccioso hay varios en América Latina: Brasil, con Dilma Rousseff y Lula da Silva; Argentina, con Cristina Kirchner, y Ecuador, con Rafael Correa y Jorge Glas (éste, en proceso de asilo por México, secuestrado por el gobierno de Daniel Noboa mediante un asalto a la embajada mexicana). Hay otras vías de deposición de gobernantes progresistas, no lawfare, como ha sucedido en Bolivia con Jeanine Áñez, en Perú contra Pedro Castillo y amagos en curso contra Gustavo Petro en Colombia (interesante, leer un texto de 2021, publicado por Celag: “No todo es lawfare” https://goo.su/bh3W7).

En México, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, ha dado un paso precipitado con la pretensión no de tumbar a un Presidente de la República (aunque abona el terreno para intentar el freno o reversa de decisiones judiciales favorables a la citada 4T en temas importantes), pero sí para afectar el curso electoral que todo apunta a que en seis semanas significará el triunfo de Claudia Sheinbaum a nombre de Morena y sus aliados.

La ministra Piña, muy confrontada con Palacio Nacional, ha escogido una pieza débil del equipo de Sheinbaum: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien dejó de manera indecorosa la Corte para pasar al activismo electoral pro Morena (ese salto fue anunciado primero por Claudia Sheinbaum, en el ámbito partidista, sin haberse cerrado con propiedad el ciclo judicial).

Zaldívar fue propuesto por Felipe Calderón en 2009 para estar 15 años en la Corte (debería haber dejado el cargo en 2024, pero adelantó su salida y en su lugar entró Lenia Batres). En enero de 2019, ya bajo el mando político de López Obrador, fue designado presidente de la Corte y mantuvo una abierta sintonía con Palacio Nacional.

Acarició la posibilidad de extender dos años el ejercicio de esa presidencia de la Corte a cuenta de un artículo transitorio presentado a último minuto y de manera tramposa por el senador Verde Raúl Bolaños Cacho Cué para que en el paquete original a votar en el Senado se colara ese transitorio incrustado al vapor, lo cual sucedió en abril de 2022 (columna Astillero, Albazo en el Senado: https://goo.su/u9wZCAC), y Zaldívar coqueteó con la posibilidad de relección fraudulenta (al estilo que quiso implantar Jaime Bonilla como gobernador en Baja California) hasta septiembre del mismo año, cuando rechazó, al estilo de las fabulaciones esópicas, lo que ya era un escándalo.

El ministro actualmente en retiro, Zaldívar Lelo de Larrea, forma parte del denso retablo de complicidades, conflictos de intereses y corrupción que se ha ido develando o remarcando en fechas recientes: Alejandro Gertz Manero, turbio titular de la Fiscalía General de la República, dedicado principalmente a servir a sus propósitos personales y familiares; Julio Scherer Ibarra, quien fue muy poderoso consejero jurídico de la Presidencia obradorista, señalado con insistencia como recaudador de fondos para fines electorales y personales y como manejador de instancias litigantes y judiciales para obtener resultados redituables (denuncia de Paulo Díez: https://goo.su/OUeOsu); y Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro, senadora saliente, notaria pública con licencia y ex secretaria de Gobernación.

Con esos antecedentes, y a partir de una denuncia anónima, la ministra Piña ha lanzado en tiempo electoral un golpe con intenciones claras: golpear a la campaña de Claudia Sheinbaum, dar argumentación a los opositores a la 4T, complicar las posibilidades de una reforma judicial a fondo, ajustar cuentas con Zaldívar Lelo de Larrea, y parte de su equipo, y ayudar a personajes siniestros como Isabel Miranda de Wallace. ¡Hasta mañana!

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