Los nueve estados donde habrá elecciones de gobernador el próximo 2 de junio concentran un tercio del endeudamiento en entidades y municipios, de acuerdo con los saldos más recientes reportados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ninguno está en alerta por sus niveles de deuda, pero la mayor presión que enfrentarán las administraciones venideras es el alto costo financiero.

Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Ciudad de México elegirán Ejecutivo. El saldo conjunto de la deuda de estas entidades era de 229 mil 882.5 millones de pesos al cierre de 2023, prácticamente un tercio de los 698 mil 980 millones del endeudamiento de estados y municipios.

Ricardo Gallegos, director general adjunto de Análisis Económico en HR Ratings, explicó que desde 2015, con base en la Ley de Disciplina Financiera, se ha reducido el endeudamiento local.

De manera similar a lo que pasó en el ámbito federal, durante la pandemia los gobiernos estatales no contrataron más deuda, paliaron la crisis con los recursos que tenían y luego de ese año sus ingresos de libre disposición han ido al alza.

El analista refirió que, en general, la mayor parte del financiamiento que han contratado los gobiernos estatales ha sido para refinanciar deuda y no para adquirir nueva como tal. Asimismo, el año pasado se vio un crecimiento de las participaciones federales, que son de uso libre.

El que la mayoría de las grandes obras de infraestructura se hayan financiado con el presupuesto federal ha tenido un doble efecto para las finanzas locales: por un lado, los gobiernos se han endeudado menos, pero también se ha dejado de hacer inversión productiva, advirtió Gallegos en entrevista.

De acuerdo con la Ley de Disciplina Financiera, las administraciones locales deben saldar sus obligaciones de corto plazo a más tardar tres meses antes de que concluya su gestión. Hasta diciembre pasado, prácticamente todas los estados habían liquidado estos pasivos, salvo Yucatán, que todavía tenía vigente un financiamiento de este tipo por 297 millones 309 mil 937 pesos para cubrir insuficiencias temporales de liquidez.

Además del saldo de la deuda, Hacienda publica un seguimiento para detectar si ésta es sostenible. La mayoría de los estados, salvo Veracruz, no están en riesgo. En esa entidad, las obligaciones financieras absorben 8.9 por ciento de los recursos de libre disposición y eso llama la atención de Hacienda, pero en el balance muestra un saldo positivo.

El Registro Público Único Vigente de Hacienda muestra que, en términos nominales, el financiamiento contratado por el gobierno de Chiapas, encabezado por Rutilio Escandón, pasó de 20 mil millones 386 de pesos a 19 mil 369.3 millones, una reducción de 5 por ciento; en Puebla, con Sergio Salomón Céspedes, bajó 17.8 por ciento, de 5 mil 291.2 millones de pesos a 4 mil 349.6 millones, y Tabasco, 26.6 por ciento, de 4 mil 572.1 millones a 3 mil 356.3 millones.

Por el contrario, en términos nominales, la deuda de Guanajuato, que gobierna Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, aumentó 99.5 por ciento, de 5 mil 287.9 millones de pesos a 10 mil 552 millones; la de Jalisco, que está bajo la gestión de Enrique Alfaro Ramírez, pasó de 18 mil 192.8 millones a 29 mil 326.2 millones, 61.2 por ciento más, y la de Morelos, con Cuauhtémoc Blanco, de 5 mil 328.7 a 6 mil 272.7 millones de pesos, un repunte de 17.7 por ciento.

En Yucatán, que gobierna Mauricio Vila Dosal, creció 116 por ciento, de 3 mil 621.4 millones de pesos a 7 mil 821.7 millones en ese periodo y en la Ciudad de México, con Martí Batres, lo hizo de 81 mil 726.5 millones a 101 mil 606.4 millones de pesos, un avance de 24.3 por ciento.

En términos reales –igualado el poder adquisitivo del dinero luego de una inflación acumulada de 28.5 por ciento en estos cinco años–, la deuda sólo ha crecido en Guanajuato, Jalisco y Yucatán; 55.3, 25.5 y 68.1 por ciento, respectivamente.