Puebla, Pue., Las campañas para la gubernatura en Puebla arrancarán este domingo en un proceso electoral caracterizado por la intervención de personajes investigados por presuntas actividades delincuenciales, o señalados por la autoridad de incurrir en posibles conductas ilícitas, en las dos coaliciones que arropan a los principales candidatos de la coalición Mejor Rumbo para Puebla (PAN-PRI-PRD), que tiene como abanderado al alcalde de la capital poblana, Eduardo Rivera, así como la alianza Morena- PT-PVEM, que impulsa al senador Alejandro Armenta Mier.

La tercera opción en la pugna por el Poder Ejecutivo local es Fernando Morales Martínez, aspirante de Movimiento Ciudadano (MC) que usa la imagen de su padre, el ex mandatario local por el PRI Melquiades Morales, en un intento de conquistar votantes.

En los comicios del 2 de junio se renovarán 2 mil 294 cargos de elección popular, de los cuales 217 son presidentes municipales y 26 diputados de mayoría relativa.

Cuatro semanas antes del arranque de campaña comenzaron los escándalos en las dos coaliciones por la participación de personajes que son investigados por posibles actividades delincuenciales o fueron señalados por las autoridades de incurrir en presuntas conductas ilícitas.

Todo comenzó con una gira del alcalde panista con licencia, Eduardo Rivera, en uno de los municipios de la sierra norte de Puebla, distante de la capital, Venustiano Carranza, donde recibió el 3 de marzo pasado la constancia como candidato a la gubernatura de la coalición PAN-PRI-PRD.

En las fotos que se tomaron del acto, Rivera aparece con miembros de la familia Valencia Ávila, que en mayo de 2020 enfrentó acusaciones del entonces gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa, de integrar una presunta célula delictiva vinculada al robo de hidrocarburos en esa región del estado.

Los señalamientos apuntaron a Vicente Valencia Ávila, quien se desempeñaba como alcalde de Venustiano Carranza en ese entonces, cargo que dejó en octubre de 2020 luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió carpetas de investigación contra él y sus allegados. No regresó a la presidencia municipal, pese a que le faltaba un año para concluir su trienio.

En la gira del 3 de marzo Eduardo Rivera levantó la mano a Marco Valencia, el menor de los hermanos que se encamina a ser el próximo candidato a edil de ese municipio y que ha insistido en la inocencia de su familia ante la falta de sentencias condenatorias.

El siguiente escándalo de la alianza PAN-PRI-PRD estalló en Quecholac, municipio que pertenece al conocido Triángulo Rojo por el robo de hidrocarburos y delitos ligados a esa actividad. El 14 de marzo se hizo pública la postulación para la alcaldía de Quecholac, de Guadalupe Martínez Gerardo, hija de Antonio Valente Martínez Fuentes, identificado por la administración barbosista como uno de los principales líderes huachicoleros del estado con el alias de El Toñín.

Luego de que Guadalupe Martínez y Antonio Valente Martínez amagaron públicamente con emprender acciones legales contra los medios que los vinculó con el robo de combustible, el secretario de Gobernación del estado, Javier Aquino, confirmó el 21 de marzo que el segundo sí es blanco de investigaciones por presuntamente encabezar el hurto de hidrocarburos en el Triángulo Rojo.

La postulación de Guadalupe Martínez tiene el respaldo de Pacto Social de Integración (PSI), partido político local que forma parte de la coalición PAN-PRI-PRD en Puebla.

Otro suceso que impactó a la alianza Seguiremos Haciendo Historia (Morena-PT-PVEM), fue el asesinato del candidato a alcalde de Acatzingo, Jaime González, perpetrado el 23 de marzo en ese municipio que gobernó el hoy senador con licencia y abanderado al Poder Ejecutivo local Alejandro Armenta, en los inicios de su carrera política en la década de los 90.

La fiscalía del estado ha establecido como línea de investigación, para esclarecer el atentado contra Jaime González, la cercanía que este aspirante de Morena tuvo con El Toñín. Otra línea se relaciona con la posible venta de vehículos de dudosa procedencia, pues la ejecución ocurrió en el lote de autos que era propiedad del aspirante.