El Instituto Nacional de Migración (INM) rechazó que no hayan cumplido con las indemnizaciones por el incendio en la estación migratoria Lerdo-Stanton de Ciudad Juárez, Chihuahua, como lo denunciaron organizaciones civiles. A la fecha, aseguró, han retribuido a 29 de 40 familias de los migrantes fallecidos, de modo que sólo faltan 11.

Señaló que continúan las gestiones relativas a dictámenes sobre montos de pago para las 27 personas migrantes que resultaron lesionadas, así como el resto de las familias, quienes pidieron no revelar el monto.

Sin embargo, el Consejo Ciudadano del INM reclamó que a un año del lamentable incendio en la estación migratoria (27 de marzo de 2023), este instituto continúa con una política de contención, detención, deportación y militarización, sin que existan cambios estructurales en la dinámica de atención a los migrantes.

Pero el INM dijo que la reparación del daño a las víctimas y las medidas de acompañamiento a las personas lesionadas y familiares van en proceso, pues desde el 17 de abril de 2023 solicitó formalmente la intervención de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para atender la sustanciación del procedimiento y clarificar la forma de pago a los deudos de las 40 personas migrantes fallecidas, así como a los 27 lesionados.

Por medio de la coordinación institucional federal, estatal y municipal se dio acompañamiento integral a familiares de los lesionados y de las personas migrantes fallecidas, apuntó en un comunicado.

Recordó que el 10 de julio del año pasado la CEAV resolvió los montos a entregar para cada uno de los núcleos familiares de las personas fallecidas, que por seguridad solicitaron no hacer públicas las cantidades. A la fecha han recibido la indemnización 29, de un total de 40.

Sobre los 11 faltantes de pago, el INM aclaró que, de manera coordinada con la CEAV, se avanza en el proceso de acreditación de los posibles beneficiarios, toda vez que deben demostrar fehacientemente tener derecho a recibir la indemnización.

No obstante, el Consejo Ciudadano subrayó que a un año de esta tragedia, que representa una de las violaciones más graves y dolorosas, no existe disponibilidad de parte de las autoridades involucradas para reparar el daño y establecer medidas para la no repetición.