La titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, destacó ante la Comisión Permanente del Congreso que es necesario impulsar una defensoría nacional de los derechos del pueblo, toda vez que la CNDH ya no responde a las necesidades de la población.

Ante diputados y senadores reunidos en San Lázaro, destacó que el organismo que encabeza es el único órgano constitucional autónomo que ha emprendido su transformación por iniciativa propia, para dejar atrás el esquema (de defensa de los derechos) impuesto por el neoliberalismo y crear otra institución que realmente sirva a las víctimas.

Afirmó que mientras otros entes autónomos han iniciado batallas para defender sus grandes sueldos y prebendas, la CNDH redujo su presupuesto y combatió la corrupción, y ha dedicado la mayor parte de sus recursos para atender a las víctimas de violaciones a sus derechos; muestra de ello, expuso, es que mientras en 2019 se destinaba a tareas de protección 54 por ciento de su partida, en 2023 subió a 69.

En su quinto y último informe de labores, Piedra Ibarra informó que se renovaron la estructura y las funciones del Órgano Interno de Control de la CNDH y se fortaleció la presencia nacional, transformando las 16 oficinas foráneas en regionales. A pesar de ello, expresó que la reforma impulsada no ha concluido, por lo cual se presentó anteriormente una iniciativa para reformar el apartado B del artículo 102 constitucional y la ley de la comisión para crear en su lugar la defensoría nacional de los derechos del pueblo, que habrá de proteger con mayores elementos y alcances los derechos de los mexicanos.

Ante los legisladores, Piedra Ibarra insistió en que aun cuando la institución a su cargo ha sorteado una campaña permanente de descrédito en algunos medios de comunicación y por actores políticos y grupos de presión con clara filiación ideológica, apuntó que el año anterior se emitieron 371 recomendaciones, el número más alto en la historia de la CNDH, y se atendió a 51 mil 219 personas agraviadas, de las cuales, 8 mil 519 fueron víctimas reconocidas en las recomendaciones emitidas en la actual gestión.

Detalló que en 2023 se registraron 153 mil 261 documentos en el Sistema Integral de Quejas y 72 mil 63 solicitudes de atención, de los cuales 60 mil 342 fueron escritos de reclamación, y aun cuando se trata del mismo número de expedientes que los recibidos en 2019, la diferencia radica en su calificación, la forma y el tiempo de resolución, pues mientras en 2019 sólo 7.8 por ciento de los escritos se calificaron como expedientes de queja, el año pasado aumentó a 12.99.

Sobre el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, detalló que este año se continuó con la integración del expediente de la queja presentada en 2021 por sus padres.