a llegada de la ministra Lenia Batres Guadarrama a la Suprema Corte de Justicia de la Nación retoma la discusión sobre la calidad política, social o jurídica que debe tener el máximo órgano judicial de México. El discurso con el que se presentó en el Pleno de la Corte aludió a aspectos sociales por encima de los jurídicos, argumentando implícitamente la absoluta división de poderes: la Corte no debe hacer lo que le corresponde al Poder Legislativo; además, deben tenerse en cuenta los beneficios sociales antes que los particulares, dijo. El sofisma implícito es que los aspectos sociales están insertos en todas las leyes. Cuando se modifica una norma o un artículo, ya se debió estudiar si va a ayudar a pocos adinerados o a muchos pobres.

Si las leyes favorecen más a unos no es porque la Corte quiera perjudicar a grupos sociales mayoritarios, sino porque así lo establecieron los legisladores. En sentencias fiscales, donde se favorece a empresarios, también hay beneficio para los trabajadores. Sin empresas, no hay empleos. Los programas sociales son medidas emergentes: deberían llevar aparejados proyectos para que los millones de pobres mexicanos dejen de necesitar el apoyo estatal y se integren a la planta productiva con trabajos y salarios dignos, más que suficientes para que el trabajador y su familia tengan una vida decorosa. El Estado debe buscar que la población cada vez necesite recibir menos apoyos económicos.

La dimensión política del discurso de la nueva ministra no es ajena a la integración de la Suprema Corte. Cada ministro fue propuesto en una administración con intereses políticos específicos. Hoy la ministra Batres es minoría, pero en algún momento, según los resultados electorales (parte de la intención política de su discurso), cabe la posibilidad de que la visión que ella tiene sobre el trabajo jurídico de la Suprema Corte corresponda al de una mayoría de ministros. Pero eso no modificará la obligación de que las leyes solo se expidan por los legisladores. El discurso público de la ministra es un aviso de los tiempos que pueden llegar. Lo que es indiscutible, es la necesidad de conocimientos técnicos y jurídico-procesales, indispensables para analizar leyes, sobre todo cuando están mal hechas y no se actualizan junto con todas las normas y reglamentos involucrados en su aplicación. La reciente salida masiva de colaboradores de la ministra la obligará a ella y a su nuevo equipo a mostrar en los hechos si los conocimientos técnicos y especializados pueden sustituirse con una ideología, compartida o no por el resto de los ministros. Especialmente con la alta carga laboral heredada a su ponencia y la que se genera todos los días.

Más que la calidad política, social o jurídica del máximo tribunal, lo importante es que dé resultados reales y no verbales.