Madrid. Con el argumento de que los sectores de la telefonía, las telecomunicaciones y las nuevas tecnologías son un asunto estratégico para cualquier país, el gobierno español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, ordenó la compra de 10 por ciento de la multinacional española Telefónica, una de las corporaciones del sector más potentes a escala internacional y con una amplia presencia en México a través de su rama en la telefonía, Movistar. Con este movimiento, el Estado español recupera su presencia predominante en la corporación, que a finales de la década de los años 90 del siglo pasado fue sometida a un proceso de privatización, similar al que ocurrió en México con Teléfonos de México (Telmex).

Desde hace unos meses, sobre todo a raíz de la entrada por sorpresa en el accionariado de Telefónica de la empresa pública de Arabia Saudita, STC, que compró 9.9 por ciento, hay muchos movimientos en torno a la multinacional española, motivados en gran medida por la preocupación expresada por el gobierno y por los órganos reguladores ante la posibilidad de que una corporación estratégica sea dominada o controlada por capital saudita.

El movimiento del gobierno se conoció ayer mediante una notificación de hecho relevante ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), por conducto de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que pertenece al Estado español y cuyo órgano directivo es nombrado por el gobierno. De hecho, la decisión se adoptó también desde los despachos del presidente del gobierno, de la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, y de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

El movimiento supone un cambio de orientación en las políticas públicas respecto a un sector tan liberado como el de la telefonía y que ocurre más de dos décadas después de su privatización total, que ejecutó el gobierno de entonces, presidido por el derechista José María Aznar.

El gobierno de Pedro Sánchez explicó su decisión en que Telefónica es una compañía líder en el ámbito de las telecomunicaciones, tanto en España como en el plano internacional. Desarrolla un conjunto de actividades que resultan de crucial relevancia para la economía, el tejido productivo, la investigación, la seguridad, la defensa y, en definitiva, el bienestar de los ciudadanos. Con una vocación de permanencia, la participación de SEPI permitirá proporcionar a Telefónica una mayor estabilidad accionaria para que la compañía alcance sus objetivos y, por tanto, contribuirá a la salvaguarda de sus capacidades estratégicas. SEPI procederá a llevar a cabo los trámites y actuaciones que permitan poner en marcha el proceso para, minimizando el impacto en la cotización, completar la adquisición del volumen de acciones necesario.

La decisión convierte al Estado español en el accionista mayoritario de la empresa, con lo que además de volver a su consejo ejecutivo lo hará en una posición relevante y de poder para decidir el futuro de la empresa. La operación podría suponer un desembolso inicial de dinero público de más de 2 mil millones de euros (38 mil millones de pesos).

Ni desde el gobierno ni desde la propia empresa se oculta que la motivación de la operación es equilibrar posiciones tras la entrada de la saudí STC Group, que tiene 9.9 por ciento de las acciones. Otros accionistas de referencia son el fondo financiero BlackRock, con 4.98 por ciento; seguido del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBV), con un 4.84 por ciento, y CaixaBank, con 3.5 por ciento.