La cifra de mujeres en prisión en el continente americano subió 56 por ciento en los últimos 22 años, un aumento sin precedentes, al pasar de 196 mil 300 en 2000 a 306 mil 375 hasta 2022; mientras que la población carcelaria general incrementó 24.5 por ciento, informó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En su primer estudio regional sobre encarcelamiento femenino, indicó que México está entre los países que han registrado un marcado aumento, con 12 mil 700 mujeres privadas de su libertad, en 2000 eran 6 mil 813, según el instituto londinense de investigación de política criminal.

No obstante, señaló que pese al aumento de mujeres en prisión en la región, ellas representan 8 por ciento del total de personas privadas de su libertad. El país con más féminas en esta condición es Estados Unidos con más de 200 mil.

Detalló que las causas de esta tendencia se enmarcan en la puesta en práctica de políticas de mano dura en materia de drogas y contra el crimen organizado, éste último particularmente en Centroamérica.

Estas políticas, explicó, se caracterizan por la falta de proporcionalidad en el tratamiento de estos delitos, el uso excesivo de la prisión preventiva y restricciones a beneficios que limitan el uso de la cárcel.

En consecuencia, a pesar de que las mujeres generalmente carecen de liderazgo en la cadena delictiva, se enfrentan a mayores probabilidades de ser sometidas a proceso penal y detenidas por estos delitos que los hombres, afirmó la CIDH.

En este sentido, ejemplificó con el caso de México. Expuso que del total de mujeres encarceladas por delitos contra la salud ligados con drogas en su modalidad de narcomenudeo, 76 por ciento corresponde a posesión con fines de comercio o suministro de narcóticos, mientras que en el caso de los hombres, la cifra disminuye 52 por ciento.

Refirió que según el Consorcio Internacional de Políticas de Drogas, en la región cerca de 46 por ciento de las mujeres detenidas están encarceladas por delitos relacionados con sustancias ilícitas.

Señaló que en países como México el empleo de la prisión preventiva es mayor en mujeres que en hombres, 52.2 por ciento contra 42 por ciento, respectivamente.

La CIDH apuntó que uno de los principales factores que provoca que las mujeres se involucren en delitos es la pobreza.