l 25 de junio de 2007 se unieron en defensa de la soberanía alimentaria, el maíz y la milpa, las voces y fuerzas de comunidades campesinas, organizaciones de derechos humanos, activistas por el ambiente, cooperativas de economías solidarias diversas y academia, entre otras solidaridades, quienes conformaron la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País, a raíz de la coyuntura social derivada del Tratado del Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). La campaña es un ejemplo de lucha desde y en la milpa y ha sido referente para el trabajo en colectividad, diversidad y voluntad para transformar y fortalecer las comunidades campesinas, por lo que su lucha no fue sólo por la derogación de ese tratado, también es por la defensa del carácter campesino, la organización popular-comunitaria y una alimentación culturalmente adecuada para la población mexicana.

Aunque las amenazas y los riesgos han sido bastantes y constantes, también se han librado batallas dignas y desde la esperanza, de frente a la complicidad del Estado y las empresas trasnacionales para incorporar lógicas capitalistas de producción, extractivismo y despojo en territorios comunales. La Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País ha contribuido de manera significativa en las disputas jurídicas contra Bayer-Monsanto para evitar la siembra de maíz genéticamente modificado, el uso de agrotóxicos para eliminar las plagas y arvenses y en la protección jurídica y comunitaria de más de 60 especies distintas de maíces nativos en nuestro país. Otro logro ha sido la instaurada celebración del 29 de septiembre como Día Nacional del Maíz desde 2009, cuya inspiración es la fiesta de San Miguel Arcángel, que las comunidades campesinas realizan para la protección de la milpa ante cualquier mal. Se han resistido los embates de las trasnacionales, que han insistido en reformas a la Ley Federal de Variedades Vegetales para facilitar el despojo de semillas nativas, con el fin de criminalizar a comunidades campesinas por el uso de semillas patentadas y principalmente, para privatizar la biodiversidad en México.

También, a pesar de la aprobación de la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo, en abril de 2020, hasta ahora no se ha publicado el reglamento correspondiente para su implementación, siendo urgente en la coyuntura política y económica actual, cuando se requiere incentivar la producción de maíces nativos para nuestra alimentación adecuada. Este año, aún con reservas, se aprobó en el Senado la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible. A 12 años de que se integró el derecho a la alimentación en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aún no contamos con una ley que regule y garantice este derecho humano, ni su aprobación en la Cámara de Diputados. Aunque el reconocimiento jurídico es fundamental para promover políticas públicas integrales, sin reglamentaciones claras sobre el actuar de las empresas; sin consultas previas, libres e informadas a las comunidades originarias para el uso de sus tierras; sin información suficiente y cercana a las comunidades campesinas sobre el uso de organismos genéticamente modificados (OGM), plaguicidas y monocultivos, el Estado mexicano continuará violentando derechos humanos y contaminando los cuerpos humanos y territoriales de comunidades diversas en el país.

Si bien, la actual administración gubernamental ha promovido programas para el rescate del campo mexicano, es necesario reflexionar sobre la información brindada a las y los campesinos en cuanto a la implementación de estos programas en sus tierras y territorios; los impactos de estos frutos en la alimentación y la salud de sus cuerpos, familias y comunidades; los beneficios (o no) de estas formas de producción y su sostenibilidad, y cómo hacer frente a los otros poderes fácticos que impiden que el campesinado sea el único dueño de sus territorios.

La reflexión colectiva debe ampliarse hacia las problemáticas del deterioro ambiental derivadas de la producción masiva de alimentos ultraprocesados, explotación minera, tala de bosques y sobrexplotación de los bienes comunes a partir de concesiones gubernamentales a particulares, cuyos impactos van del despojo de tierras hasta la destrucción de ecosistemas imposibles de recuperar. Sin empresas comprometidas con los derechos humanos para la sostenibilidad de un medio ambiente sano, una alimentación sana y adecuada y la autonomía de las comunidades campesinas sobre el uso de sus recursos, la lucha por el maíz y las tierras continuará. Por esto celebramos y conmemoramos las luchas que la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País ha sostenido durante estos 16 años de caminar conjunto, desde la tierra hasta el Congreso por la defensa de la soberanía alimentaria y del maíz en nuestro país. Que la esperanza por condiciones sanas y sostenibles para las comunidades campesinas no perezca, sino que fortalezca la lucha por la dignidad humana y popular. Porque sin la campaña no hay maíz y sin maíz, no hay país.

* Coordinadora del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC