El Ministerio Público Federal empezó el desahogo de pruebas contra el ex magistrado Isidro Avelar Gutiérrez, acusado de enriquecimiento ilícito, señalado por Estados Unidos como vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y quien había logrado evadir durante un año la acción de la justicia.

Registros del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) refieren que el pasado lunes dio inicio la etapa de juicio oral contra Avelar Gutiérrez, en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, estado de México, como parte de la causa penal 515/2019.

La presentación de imputaciones está a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR).

Gutiérrez Avelar logró durante un año que jueces federales le retiraran la medida de prisión preventiva justificada, luego la reclusión domiciliaria y que no se fijara fecha para su juicio.

Fue presidente del sexto tribunal unitario del tercer circuito, con sede en Guadalajara, Jalisco, y más tarde formó parte de un tribunal con sede en Chilpancingo, Guerrero.

Como impartidor de justicia, en 2014 concedió la liberación de Rogelio González Pizaña, uno de los fundadores de la organización delictiva Los Zetas. En 2016 consideró que el Ministerio Público Federal no acreditó la responsabilidad de Rubén Oseguera González, El Menchito, hijo de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del CJNG, en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

Indagatorias y detención

Gutiérrez Avelar dispuso la libertad de El Menchito, lo que originó una de las primeras indagatorias en su contra. En mayo de 2019, el ex magistrado fue señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como integrante de la red de corrupción vinculada al CJNG.

La Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del CJF empezó una indagatoria en su contra.

El propio consejo lo inhabilitó y fue detenido en noviembre de 2019; estuvo recluido en el Centro Federal de Readaptación Social de Nayarit hasta enero de 2022.

La fiscalía no ha presentado cargos por delincuencia organizada contra el ex magistrado. Funcionarios judiciales señalaron que durante las diligencias se han presentado seis testigos de cargo y documentos que fueron avalados durante la etapa intermedia, a fin de que se le dicte sentencia condenatoria.