l gobierno mexicano avanza en la corte de Florida, Estados Unidos, en su acción para rescatar alrededor de 650 millones de dólares del erario que sin más fueron sustraídos por y terminaron en los bolsillos de Genaro García Luna y su pandilla durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Se trata de recuperar más de 11 mil millones de pesos de los mexicanos, que por corrupción forman parte de los ilegales cuan abundantes haberes del ex policía y la banda que encabeza.

En la mañanera de ayer, el presidente López Obrador dijo que los involucrados en este atraco a la nación (con García Luna a la cabeza) levantaron mucho dinero con contratos que se hicieron con el gobierno federal, dinero público que se estima en alrededor de 650 millones de dólares, y todo ese dinero se invirtió en Florida, en departamentos, casas, yates, y sus abogados han buscado tirar la denuncia; no han podido y hace dos días se definió que procede lo que está haciendo el gobierno de México para rescatar esos bienes, reincorporarlos al patrimonio nacional. Y la decisión de la corte de Florida es definitiva e inatacable.

Por su parte, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, detalló que en el periodo de gobierno de Felipe Calderón el atraco del ex policía sumó 225 millones 212 mil 906 dólares, mientras en el correspondiente a Enrique Peña Nieto alcanzó 420 millones 753 mil 293 dólares, más 315 millones 266 mil 667 pesos.

Se trata, dijo Pablo Gómez, de una trama transexenal de García Luna, cuyo robo no se quedó en el tiempo en que fue secretario de Seguridad Pública (con Calderón); siguió operando con el nuevo gobierno (el de Peña Nieto); por lo tanto, la relación de involucrados pertenece a los dos sexenios.

¿Para qué alcanza los más de 11 mil millones de pesos robados por García Luna y su pandilla? Entre otras tantas cosas, para incrementar el presupuesto anual del Instituto Politécnico Nacional en más de 50 por ciento, o 25 por ciento el de la Universidad Nacional Autónoma de México; la construcción de varios hospitales públicos o carreteras; atender programas sociales y muchísimo más, pero el ex policía se embolsó esos dineros en detrimento de las finanzas públicas y el bienestar de los mexicanos.

El titular de la UIF subrayó que este asunto es emblemático, porque nos muestra cómo operó el sistema de la corrupción durante 60 o 70 años. Creo que me estoy quedando corto, porque esto empezó en los años 50, cuando se formó en el presupuesto nacional el ramo que después se llamó 23, que eran los gastos discrecionales del Presidente de la República; había un gran lugar en el que el presidente repartía de acuerdo con sus decisiones políticas o personales. Y esta situación se prolongó durante mucho tiempo y fue generando poco a poco una estructura de lo que llamamos el Estado corrupto. Siendo la corrupción uno de los principales instrumentos de la gobernación del país, se presentó en la empresa, en la escuela, en todos lados, llegó a todas partes; no solamente era el presupuesto, era también toda la gestión pública la que fue víctima de la corrupción como sistema.

Aterrador, pero, dijo Pablo Gómez, este es el primer gobierno que actúa para desmantelar el Estado corrupto. Llegó un momento en que Carlos Salinas reorganizó el sistema de la corrupción; no sólo lo elevó, sino que introdujo una serie de elementos organizativos, lo perfeccionó. Este es uno de los países del mundo en donde los neoliberales no solamente trasladaron la propiedad pública a corporaciones privadas, de individuos, sino que siempre se hizo en esquemas de corrupción.

Y como habrá juicio en Florida, los mexicanos conocerán a todos los involucrados, porque solo los ilusos suponen que este atraco se limitó a García Luna y su pandilla.

Las rebanadas del pastel

Germán Larrea es sinónimo de ilegalidad e impunidad: la mina San Martín (Sombrerete, Zacatecas) está en huelga desde 2007 (junto con las estalladas en Taxco y Cananea), pero el concesionario, Grupo México, se niega a resolver las demandas de los trabajadores y respetar sus derechos. Pero, ante la complacencia de la autoridad laboral, reanudó las operaciones extractivas (cobre, plata, zinc, plomo). Por ello, la Oficina de Representación Comercial de Estados Unidos (existe evidencia suficiente y creíble de una denegación de derechos por parte del corporativo) solicitó la intervención del gobierno mexicano ante la sistemática violación de la ley por parte del empresario. ¿Hasta cuándo lo tolerarán?

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