Ante el inminente desalojo del inmueble en el que se ubica, desde su fundación hace 48 años, el taller editorial Leñateros, una comisión de ese colectivo maya tsotsil llegará hoy a la Ciudad de México, procedente de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, donde tienen su sede, con el propósito de entrevistarse con la titular de la Secretaría de Cultura (SC) federal, Alejandra Frausto y, en su caso, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, para solicitarles apoyo.

Los editores quieren que las autoridades federales intervengan para conjurar una orden judicial, emitida a finales de mayo por una autoridad ejecutora, tras un litigio de seis años y que puede ser cumplimentada de un momento a otro, informaron la encuadernadora Petra Hernández y el editor Xavier Silverio Castillo, dos de los 15 integrantes del taller.

Los representantes de este proyecto editorial y artístico, reconocido en 2021 por el gobierno de México con el Premio Nacional de Artes y Literatura en el ramo de Artes y Tradiciones Populares, denunciaron en entrevista con La Jornada que con dicha acción judicial se busca despojar a Leñateros de la propiedad, cuya compra-venta, aseguraron, pueden documentar con una serie de recibos de pago.

Se están violando gravemente nuestros derechos humanos, porque pudimos demostrar, con recibos que nos firmaba don Brígido Penagos (el propietario original), que pagamos en su totalidad esa casa. Lamentablemente, no alcanzamos a iniciar el proceso de escrituración porque él falleció y, además, lo hizo intestado, sin ningún documento para nosotros.

El origen de este calvario, como ambos editores denominan al largo y tortuoso proceso legal, se remonta a mediados de 2017, cuando la familia del vendedor del inmueble interpuso una demanda contra el taller Leñateros para que lo desocupara.

Los demandantes alegaron el incumplimiento de un supuesto contrato verbal de renta que, según ellos, ambas partes habían establecido a principios de ese año; además de desalojar la casa, exigían el pago de renta de seis meses por más de 50 mil pesos.

Entre vaivenes judiciales, el litigio se extendió varios años hasta que la autoridad competente resolvió a favor de los presuntos nuevos propietarios, nietos del dueño original, al aducir que se habían violado sus derechos humanos porque en los anteriores procesos no se había tomado en cuenta a sus testigos, y se validó la existencia de aquel contrato verbal.

Ya la pagamos

El tribunal de amparo y luego los jueces competentes dicen en sus resoluciones que, sin ir al fondo del asunto, se violaron los derechos humanos (de aquellas personas); o sea, el fondo del asunto es poder determinar quién realmente es el propietario de la casa, resaltaron Petra Hernández y Xavier Silverio Castillo.

Tenemos casi 48 años con la casa, los cumpliremos en octubre; llegamos en 1975, ya la pagamos. Es una situación fuerte y grave porque, de acuerdo con las leyes y la interpretación que hacen los jueces, hubo un contrato, cuando a todas luces, con pruebas, hemos demostrado que eso es falso.

Los integrantes del taller añaden que son varias las anomalías que hay en el proceso, desde que la familia del dueño original acreditó la propiedad de la casa con un presunto poder notarial apócrifo, hasta que los testigos que presentaron eran de oídas, porque no estuvieron presentes al efectuarse ese presunto contrato verbal y, además, son sus familiares directos.

No nos consta, pero es algo que pudo haber llegado hasta la corrupción. Son millones de pesos los que a través de propiedades se adjudicaron los familiares de don Brígido, cuando éste en vida los había demandado e interpuesto una orden de restricción para que no se le acercaran.

El inmueble en disputa está en el centro histórico de San Cristóbal de Las Casas, en la calle Flavio A. Paniagua 54, barrio de Guadalupe. Tiene por lo menos 150 años de antigüedad y mide 46 metros de frente por casi 52 de fondo. Aunque su valor catastral es de 480 mil pesos y los integrantes del taller desconocen su precio comercial, estiman que éste fluctúa entre 16 y 20 millones de pesos, al tomar como referente que casas de la zona, de la mitad de dimensiones, son vendidas entre 8 y 10 millones de pesos.

Petra Hernández y Xavier Silverio Castillo aseguran que las autoridades federales tienen ya conocimiento de su problemática y que incluso les han garantizado su apoyo, “pero a lo mejor no han tenido tiempo suficiente para poder tomar una resolución.

Por eso es que viajamos a la Ciudad de México, porque la amenaza de desalojo está firme y queremos pedirle a las autoridades de la nación que intervengan. Es una injusticia. Pensamos que se están violando gravemente nuestros derechos humanos y los que tenemos como pueblos indígenas originarios. El taller es un colectivo de miembros del pueblo maya, tsotsil y otros pueblos originarios del sur de México. Somos 15 familias a las que nos van a quitar una fuente de trabajo que hemos construido durante 48 años sin subsidios ni apoyos.