La tala ilegal es una problemática permanente en la Sierra Tarahumara de Chihuahua y desde 2015 se incrementó de forma alarmante, pues los criminales cuentan con una extensa red de complicidades con agentes estatales y no estatales, advirtió la Red en Defensa del Territorio Indígena (Redeti).

La asociación señala que las afectaciones más graves se detectan en los municipios de Guadalupe y Calvo, Bocoyna, Guachochi y Madera, tres de los cuales tienen una población mayoritariamente de pueblos originarios.

Esta situación es aprovechada por grupos del crimen organizado para cometer dicha actividad delictiva en contubernio con mestizos, quienes se ostentan como dueños del bosque al amparo de títulos de propiedad que les otorgó el Registro Agrario Nacional.

La región de San Juanito, en el municipio de Bocoyna, el año pasado fue identificada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) como área crítica forestal; forma parte de las ocho zonas de atención prioritaria a nivel nacional, por el número de aserraderos clausurados y madera asegurada en operativos.

Las otras siete son la reserva de la biosfera de Calakmul, Campeche; el corredor biólogico Ocuilan y el Parque Nacional Lagunas de Zempoala, estado de México; la selva Lacandona, en Chiapas; la sierra Costa Grande, en Guerrero; los municipios de Talpa de Allende, Mascota y Vallarta en Jalisco; la región aguacatera de Michoacán; así como Tulum y Bala’an Ka’ax, en Quintana Roo.

Los inspectores de Profepa realizaron 51 operativos, 974 recorridos y 428 filtros en estas ocho zonas durante 2022; de estas acciones, alrededor de siete se efectuaron en San Juanito, que es sólo una de las cuatro regiones de la Sierra Tarahumara que enfrentan la tala ilegal.

En Guadalupe y Calvo, localidad que forma parte del llamado Triángulo Dorado, esta actividad ilícita, perpetrada por grupos del crimen organizado, ha derivado en el desplazamiento de personas y en el asesinato de indígenas que defienden el bosque.

Como ejemplo están los homicidios de Isidro Baldenegro López, en 2017, y de Julián Carrillo Martínez, en 2018, ambos líderes de la comunidad rarámuri Coloradas de la Virgen. También fue ultimado en 2017 Juan Ontiveros Ramos, activista y líder de Choréachi (Pino Gordo).

Esta última es una comunidad que no cuenta con el reconocimiento legal del Estado mexicano sobre la posesión ancestral de su territorio desde agosto de 1969, cuando el gobierno entregó 15 mil 200 hectáreas a mestizos para el aprovechamiento del bosque, quienes nunca han habitado el territorio.

Por esta causa existe un litigio ante tribunales agrarios, que mientras se resuelve impide talar el bosque o iniciar actividades de minería; sin embargo, un grupo de mestizos, vinculado al crimen organizado, busca mantener el control de la zona, sigue ilegalmente cortando árboles y desde finales de 2013 ha generado una violencia sistemática en contra de los rarámuris.

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), junto con la Redeti, ha denunciado que de Guadalupe y Calvo se ven salir camiones cargados de madera.

Lo anterior, aseguran, ocurre debido a la ausencia de vigilancia y de programas de protección forestal, y porque existen redes de empresas que trabajan en la región con permisos irregulares.

La Redeti subraya que la autorización de licencias de aprovechamiento forestal a personas que indebidamente ostentan títulos sobre los territorios indígenas trae como consecuencia la explotación de los bosques.

Las comunidades indígenas y organizaciones de la sociedad civil han interpuesto múltiples denuncias ante instancias como la Profepa, la Fiscalía General de la República y su homóloga estatal, pero las acciones realizadas no son significativas y tampoco contribuyen a detener la extracción forestal ilegal.

De acuerdo con la Redeti, este contexto de omisiones, aunado a la violencia que prevalece en la Sierra Tarahumara, propicia la devastación en los bosques, lo que se refleja en la cotidianidad de las personas afectadas: donde hubo agua, fauna, pinos y ecosistemas biodiversos de cientos de años, ahora ven destrucción.

La lucha por el ecosistema, sostiene, es también por la supervivencia de la cosmovisión y otros elementos culturales de los pueblos rarámuri, ódami, o’oba y warijó; la resistencia y el conocimiento de éstos es vital para combatir la crisis climática.

En febrero de este año, y como parte de las acciones para combatir la tala clandestina en la región serrana de Chihuahua, la fiscalía estatal informó de un protocolo de atención coordinado con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Éste incluía capacitar a comisarios ejidales, personal de la Agencia Estatal de Investigación, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y policías municipales en la identificación de documentos, requisitos para el transporte, el aprovechamiento de los recursos forestales, intervenciones contra la tala ilegal y detenciones.

No obstante, según los datos abiertos de las fiscalías de distrito Zona Occidente y Zona Sur, en lo que va del año sólo fueron reportados cinco despliegues policiales en los municipios de Guadalupe y Calvo, Moris, Guachochi, El Vergel y Urique, para dar seguimiento a denuncias por el mencionado delito.

En Guachochi, en mayo pasado, la Secretaría de Seguridad Pública del estado dio a conocer que se efectuó un operativo tras la detención de Reyes C.G., alias El Reyes, líder de una de las bandas delincuenciales que mantenían asolada esta zona; las autoridades aseguraron varios camiones que transportaban madera, cuyos conductores no acreditaron la legal procedencia de estos recursos.

Mientras, en Urique las acciones policiales son permanentes desde junio del año pasado a consecuencia del asesinato de dos integrantes de la comunidad jesuita de Cerocahui y a medidas cautelares dispuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; la vigilancia en la zona ha redundado en el decomiso de madera obtenida de manera ilícita.