a política industrial ha regresado con renovado ímpetu al escenario económico. Esto ocurre de modo expreso con el activismo del gobierno de Estados Unidos. Se fomenta mediante la legislación y la asignación de recursos financieros, el desarrollo de actividades estratégicas que tienen que ver con cuestiones tales como el medio ambiente o la producción de chips, esenciales para una serie diversas de actividades productivas.

Las derivaciones posibles de ambos campos, en materia tecnológica, productiva y de poder en los mercados son significativas y con un carácter global. La cuestión es relevante para México, por las claras razones de contigüidad territorial y su amplio conjunto de consecuencias en materia política, económica y social que se derivan, además, del T-MEC.

Un aspecto significativo de este relanzamiento explícito de la política pública y del carácter abierto de la intervención del Estado en la economía, pues de modo implícito siempre ha existido, confiere una peculiaridad renovada a las pautas del neoliberalismo y la globalidad.

Desde la década de 1980 se planteó un régimen productivo y financiero que tendía a la creciente flexibilidad productiva con relevantes implicaciones para el capital, los trabajadores y los consumidores. Esto se acompañó de medidas en materia de financiamiento y de gestión monetaria.

La predominancia de los mercados en la asignación de los recursos conformó el entono neoliberal expresado, como se sabe, en el Consenso de Washington en 1989 e impulsó el fenómeno de la globalización.

En repetidas ocasiones, como ocurrió tras la crisis financiera de 2008, se han apresurado algunos en sentenciar el fin de tal régimen. No se ha decretado la muerte del orden neoliberal y tampoco de la globalidad del sistema capitalista. Hay quienes optan por denominar de modo ambiguo la situación como una de no muerte, o bien, como un periodo en el que persisten sus rasgos esenciales, pero en un entorno de mayor incertidumbre.

En todo caso el nombre y las precauciones del lenguaje son lo de menos. El proceso dual de liberalización y globalidad es dinámico y cambiante y hay fuerzas que empujan las transformaciones que estamos contemplando, en un entorno en pleno ajuste.

Los cambios que se advierten son de carácter productivo, tecnológico, monetario, financiero, geopolítico, militar y, eminentemente social. En el ámbito liberal se advierte una explícita intervención del Estado en los asuntos económicos y regulatorios. No es que esto no ocurriese antes, pero las formas se han ido adaptando a las actuales condiciones económicas, políticas y de poder, muy distintas a las de hace más de 30 años.

El caso de la política industrial se sitúa en un lugar privilegiado. Este hecho es llamativo, pues una de las premisas más notorias del entorno neoliberal desde la década de 1990 era que la mejor política industrial era no tenerla. Los mecanismos del mercado asignaban el conjunto de los recursos productivos de la manera más eficiente en términos de la eficiencia y, sobre todo, la rentabilidad. Era pues innecesaria una intervención específica por parte del Estado. Eso mismo se sostuvo entonces en México y marcó la forma y el contenido de la política económica y la negociación del TLCAN.

Este es un momento en que el activismo, o dirigismo, estatal en materia económica se plasma, notoriamente, en el campo del desenvolvimiento industrial, como ocurre de modo expreso en Estados Unidos. (El artículo de Joseph Stiglitz publicado ayer en este diario da cuenta de diversos significados de la política industrial. https://www.jornada.com.mx/2023/06/04/opinion/014a1eco).

La política industrial que se implementa hoy en aquel país tiene ciertos rasgos definitorios. Una reasignación de fondos públicos para la creación y renovación de las infraestructuras en áreas como son: el transporte, la gestión del agua y la generación de energía. Se encausa el desarrollo de ciertos sectores industriales y la capacidad competitiva de las empresas. De alguna manera, entonces, se trata de un proceso explícito de selección de agentes económicos y de destino de recursos privados y públicos. El asesor de seguridad nacional Jake Sullivan declaró que el nuevo Consenso de Washington gira en torno de una activa política industrial.

La política pública asigna en áreas definidas de la actividad económica, recursos para la inversión, creación de corrientes del comercio, y la fijación de precios. Implica replantear el papel de las cadenas de producción y de suministros, como es el caso específico de los chips requeridos en las industrias más tradicionales (automotriz) o de nuevo cuño (inteligencia artificial).

Todo esto se gesta en un esquema en el que persisten la privatización, nuevas modalidades de la regulación en materia de trabajo y el medio ambiente, con la promoción de la generación y uso de energías limpias. Esto corresponde a una nueva fase del régimen neoliberal en donde se reacomoda el papel de los mercados. Y la preeminencia del Estado.

El mapa económico mundial no será el mismo.