pesar de las presiones de los barones, de generosas ofertas de su ejército de cabilderos, de gritones cuan emberrinchados opositores y de legisladores morenistas enemigos de Morena, en el Senado de la República fue aprobado el dictamen de la Ley de minería (y tres más), que resultó ser una versión rasurada (por cortesía de la Cámara de Diputados) de la iniciativa de reforma que sobre la materia envió el presidente López Obrador un mes atrás. De cualquier forma, falta un trecho, porque ahora el balón está en la cancha del pleno senatorial (en sede alterna), pero todo apunta a que la mayoría le dará el visto bueno.

De lo perdido, lo que aparezca, fue el criterio de la mayoría en las comisiones unidas de Minería y Desarrollo Regional, y de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República a la hora de dictaminar las reformas y adiciones, y determinar qué quedaba fuera, de diversas disposiciones de cuatro leyes involucradas en este proceso: la Minera, la de Aguas Nacionales, la de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y la General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos en materia de concesiones para minería y agua.

Dado que dichas comisiones se declararon en sesión permanente, a propuesta impulsada por los opositores participantes en ellas, sólo hasta el jueves por la tarde sus integrantes volvieron a reunirse y sacaron adelante el dictamen, con la novedad de que aquellos proponentes brillaron por su ausencia. Valiente oposición.

A Ricardo Monreal, presunto coordinador de la bancada de Morena en el Senado, de nueva cuenta se le apestó (con todo y santo niño de Atocha) su perverso plan de retrasar, retrasar y retrasar las modificaciones a la Ley de minería (y a las otras tres) en su intentona de dar carpetazo a dicha iniciativa y una vez más beneficiar a los barones, toda vez que en una reunión a puerta cerrada del grupo parlamentario guinda, la mayoría acordó impulsar esa minuta ( La Jornada, Andrea Becerril y Georgina Saldierna).

La Jornada lo reseñó así: “el dictamen fue aprobado por los senadores de Morena, PT y PVEM durante la reunión de las comisiones … En el encuentro, el senador Napoleón Gómez Urrutia reclamó que fueron integrantes de su propia bancada –entre ellos Rafael Espino– los que junto con la oposición impidieron que esa minuta, prioritaria para el presidente López Obrador, se votara el martes pasado, al declararse las comisiones dictaminadoras en sesión permanente. El dirigente nacional del Sindicato Minero recalcó que, de no aprobarse la reforma en este periodo de sesiones, que concluye el domingo, se quedará hasta septiembre, cuando será más complicado que pase, ya que habrá más presiones de los empresarios y además todos estarán inmersos en las contiendas electorales. Tan sólo hace dos días, expuso, hubo un accidente en Zacatecas, donde fallecieron dos trabajadores y en los últimos 10 años los decesos suman 3 mil”.

El mismo legislador subrayó que aprobar esta reforma es un avance histórico en la larga lucha para transformar la industria de la minería, ya que desde hace 31 años no se había modificado la legislación en la materia, lo cual la hacía totalmente insostenible y obsoleta. Si bien, la Cámara de Diputados aprobó dicha reforma con cambios importantes, como la duración de las concesiones en un máximo de 80 años. En el Senado de la República, se discutió y se aprobó sin modificaciones. Debemos recuperar la rectoría del Estado sobre los recursos de la nación.

A lo largo de tres décadas, cuando menos, la legislación vigente en materia minera sólo ha respondido a los intereses de los corporativos, que por años han explotado los recursos y la mano de obra de mis hermanos mineros. Pese a las presiones de la oposición y de las artimañas de las empresas, es de gran importancia aprobar los cambios para lograr una mejor regulación de los recursos mineros, erradicar la explotación de las y los trabajadores y preservar el medio ambiente. Falta camino por recorrer, pero lo trascendente es que comenzó la marcha.

¿Y la oposición? Feliz en su pijamada.

Las rebanadas del pastel

Finalmente, Emilio Lozoya ofrece la cabeza de Enrique Peña Nieto, más unos cuantos millones de dólares, a cambio de que lo saquen del Reclusorio Norte. Dijo su abogado que su cliente ha aportado suficientes pruebas que señalan al ex presidente de ser responsable de un aparato organizado de poder enfocado en la corrupción. Bien, pero, aunque lo liberen, ni de lejos dejará de ser delincuente.

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